Declaraciones clave en la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado
La tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado marcada por las declaraciones de figuras relevantes del PSOE de Madrid. El exlíder del partido en la capital, Juan Lobato, y la exjefa de gabinete en Moncloa, Pilar Sánchez Acera, han comparecido como testigos en una jornada centrada en el origen y la gestión de los correos electrónicos vinculados a la negociación reservada entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto.
Lobato defiende la autonomía del PSOE y evita señalar a la Fiscalía
Durante su testimonio, Juan Lobato ha adoptado una postura cautelosa y ha respondido con evasivas y respuestas breves a las preguntas realizadas por la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha insistido en que la decisión de mostrar el documento con los correos electrónicos en la Asamblea de Madrid fue exclusivamente suya, asumiendo la responsabilidad de la acción.
A preguntas de la abogada del Estado, Consuelo Castro, Lobato ha negado de forma rotunda que la imagen del documento proviniera de la Fiscalía: “En absoluto”, remarcó. Sin embargo, la acusación particular ahondó en el asunto, cuestionando si existía algún indicio de que el documento podía tener ese origen, a lo que Lobato respondió que actuó con “prudencia” y que no podía afirmar que tuviera sospechas concretas.
Según Lobato, su interés tras recibir el ‘pantallazo’ era esclarecer el origen del documento antes de utilizarlo en la Asamblea. Señaló que, como técnico de Hacienda, era consciente de la importancia de certificar la procedencia de cualquier material sensible: “Primero, esto no tiene fecha; segundo, de dónde viene. Ya mi sensación era que eso no…”, explicó. Solo contemplaba usar el documento si podía confirmar su legitimidad.
El exsecretario general del PSOE madrileño también relató que acudió a un notario para protocolizar sus mensajes de WhatsApp esa misma mañana, guiado por el mismo “criterio de prudencia”. Su objetivo, según afirmó, era dejar constancia de que existían dos documentos distintos: el que él recibió y el que finalmente se publicó en los medios, aclarando que únicamente utilizó este último en sede parlamentaria.
Sánchez Acera afirma desconocer el origen periodístico del documento
Por su parte, Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete del ministro Óscar López, negó haber recibido directamente los correos originales de la negociación reservada. Según su declaración, el documento le llegó a través de la prensa, aunque no pudo precisar qué periodista fue el remitente de la información que posteriormente reenvió a Juan Lobato.
Sánchez Acera detalló además que el 21 de septiembre entregó su teléfono móvil a un funcionario de Presidencia del Gobierno, quien le proporcionó un nuevo dispositivo con las aplicaciones corporativas requeridas. No aclaró si los datos del móvil anterior fueron borrados antes del cambio. Asimismo, manifestó que ya no conserva los mensajes intercambiados con Lobato: “Por lo que he visto en las noticias y en las actas que el señor Lobato aportó, sí. Los WhatsApp no los conservo”.
La exjefa de gabinete también reconoció que pudo haber mantenido una breve conversación en los pasillos con el exjefe de Comunicación de Moncloa, Miguel Ángel Oliver, en la que se mencionó la posibilidad de que Lobato tuviera mayor presencia mediática y la conveniencia de mantenerse alerta ante la situación.
Contexto y repercusiones políticas
Las declaraciones de ambos exdirigentes socialistas reflejan la cautela con la que el PSOE de Madrid ha tratado la gestión de la documentación relacionada con el caso. El énfasis en la «prudencia» y la insistencia en certificar el origen de los documentos muestran la preocupación por evitar filtraciones o irregularidades que puedan comprometer la legitimidad de las acciones políticas.
El juicio continúa mientras la opinión pública y los partidos políticos siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos, pendientes de posibles repercusiones tanto judiciales como políticas en el entorno del Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
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