Caso Pegasus: la Audiencia Nacional solicita ayuda a la Unión Europea para obtener información clave de Francia
La Audiencia Nacional ha decidido recurrir a la Unión Europea ante la falta de respuesta de las autoridades francesas sobre datos esenciales relacionados con el caso Pegasus. Ocho meses después de haber solicitado información crucial a París, el juez encargado del caso, José Luis Calama, sigue sin recibir contestación, lo que ha llevado a plantear la intervención de organismos europeos para desbloquear la investigación.
Investigación sobre el espionaje a altos cargos del Gobierno español
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, instruye la causa por la infección de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). El programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, está en el centro de una trama internacional de espionaje que afecta a diversos países.
En febrero, el juez Calama emitió una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París. El objetivo era intercambiar información sobre la investigación llevada a cabo en Francia respecto a Pegasus, incluyendo los detalles técnicos proporcionados por NSO Group y los análisis efectuados por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).
Falta de colaboración internacional y nuevas vías europeas
A pesar de los esfuerzos del magistrado, las autoridades francesas no han respondido a la solicitud española, lo que ha llevado a la Audiencia Nacional a considerar la posibilidad de solicitar la intervención de Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial en Materia Penal. Con ello, se pretende que Francia atienda la petición española y facilite la información recibida previamente de NSO Group.
En paralelo, el juez Calama también ha reiterado sus solicitudes de información a Israel, país de origen de NSO Group. Desde mayo de 2022 se han enviado varias comisiones rogatorias, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta. El magistrado considera «imprescindible» la colaboración israelí para identificar a los responsables del espionaje y obtener el testimonio del CEO de NSO Group, residente en territorio israelí.
Según los protocolos internacionales de asistencia penal, Israel debería responder a las diligencias solicitadas o, en su defecto, esgrimir las razones de una posible negativa. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas admiten que, tras casi tres años de silencio y en un contexto de tensiones diplomáticas entre España e Israel, es poco probable que las autoridades israelíes colaboren.
Implicaciones técnicas y políticas del caso Pegasus
En caso de que Israel respondiera a la comisión rogatoria, se confirmaría el acceso del país a los servidores de NSO Group, donde se almacenaría la información recopilada por Pegasus. Además, podrían revelarse detalles sobre la autoría del espionaje, que según algunas hipótesis, apuntan a Marruecos como posible responsable del ataque a los dispositivos del presidente del Gobierno español.
Extensión de la investigación y nuevas revelaciones
El pasado mes de julio, el juez Calama acordó prorrogar la investigación seis meses más, atendiendo a la solicitud de la Fiscalía y de las acusaciones populares, entre las que se encuentran organizaciones como Hazte Oír y Vox. Esta prórroga se hizo efectiva a partir del 14 de agosto.
La causa fue reabierta en abril de 2024, tras la llegada de nuevos datos procedentes de Francia relativos a una investigación de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus. Entre los afectados se encuentran periodistas, abogados, figuras públicas y miembros del Gobierno francés, incluyendo ministros y diputados, así como representantes de diversas asociaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Un reto para la cooperación judicial europea
El caso Pegasus pone de manifiesto las dificultades para la cooperación internacional en materia de ciberseguridad y espionaje, así como la complejidad de investigar ataques tecnológicos que trascienden fronteras y afectan a la seguridad de Estados y a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
