El Tribunal Supremo se enfrenta a un juicio histórico y dividido contra el fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo se prepara para celebrar un juicio sin precedentes en la historia judicial reciente de España. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco de un caso que ha generado una notable división en el seno del alto tribunal y ha reavivado el debate sobre la filtración de información judicial a la prensa.
Un tribunal dividido ante un caso excepcional
Fuentes jurídicas han confirmado que el tribunal encargado de juzgar a García Ortiz se encuentra dividido, lo que añade complejidad y expectación al proceso. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ratificó el procesamiento del fiscal general gracias al voto favorable de los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres. Sin embargo, el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular al considerar que no existen pruebas suficientes para acusar a García Ortiz de la filtración que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según estas fuentes, la postura crítica del magistrado Palomo no es aislada dentro del Supremo. Algunos sectores del tribunal consideran que el proceso contra García Ortiz ha ido demasiado lejos, recordando que en España las filtraciones de casos judiciales a los medios de comunicación son frecuentes.
Fechas clave y composición del tribunal
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha programado el juicio para los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en sesiones que comenzarán a las 10:00 horas y se extenderán durante la mañana y la tarde. El tribunal estará compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.
Un proceso con gran repercusión mediática
El interés mediático en torno al juicio es elevado, pero existe incertidumbre sobre el grado de acceso que tendrán los medios de comunicación. Algunos magistrados se oponen a que el juicio se retransmita en directo, como ocurrió con la vista oral sobre el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. La decisión final sobre este asunto recaerá en el presidente de la Sala Penal, Martínez Arrieta.
Numerosos testigos y actores involucrados
El tribunal ha admitido la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran fiscales, responsables de prensa, periodistas, agentes de la Guardia Civil, políticos y abogados. Esta amplia lista refleja la complejidad y proyección pública del caso.
- Ocho fiscales: Julián Salto, Almudena Lastra, Pilar Rodríguez Fernández, Diego Villafañé, Agustín Hidalgo de Morillo, María Antonia Sanz Gaite, Esmeralda Rasillo y Diego Lucas Álvarez.
- Responsables de prensa: De la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid.
- Doce periodistas citados para testificar.
- Once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).
- Cuatro políticos: Miguel Ángel Rodríguez (Comunidad de Madrid), Francesc Vallés y Pilar Sánchez Acera (Presidencia del Gobierno en la época de los hechos), y Juan Lobato (exsecretario general del PSOE de Madrid).
- Dos abogados y el acusador particular, Alberto González Amador.
Consecuencias para el fiscal general en caso de condena
Aunque alguna de las acusaciones ha solicitado hasta seis años de prisión para García Ortiz, las fuentes consultadas señalan que una posible condena no implicaría su ingreso en prisión. Sin embargo, sí podría suponer su expulsión de la Carrera Fiscal, ya que el artículo 417 del Código Penal contempla la inhabilitación para cargo público en este tipo de delitos.
El reglamento del Ministerio Fiscal establece que la condena por delito doloso o la inhabilitación para cargo público implica la pérdida automática de la condición de fiscal, salvo que la pena impuesta sea inferior a seis meses, en cuyo caso podría contemplarse la suspensión en lugar de la expulsión definitiva.
Un proceso bajo la mirada de la opinión pública
La ausencia de García Ortiz en el reciente desfile de las Fuerzas Armadas, celebrado con motivo de la Fiesta de la Hispanidad, ha sido interpretada por algunos sectores como un reflejo de la tensión en torno al caso. El juicio, sin duda, pondrá a prueba la independencia y cohesión del Tribunal Supremo, en un contexto de máxima atención mediática y política.
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