La asistente de Begoña Gómez recurre la decisión de celebrar el juicio por presunta malversación con jurado
La asistente de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso contra la decisión judicial que determina que el juicio por presunta malversación se lleve a cabo con un jurado popular. Esta acción legal responde a la resolución emitida por el juez Juan Carlos Peinado, según ha informado el diario El País.
El papel de la Fiscalía en el caso
La Fiscalía se ha posicionado en contra de considerar las actividades de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid como un negocio, negando la existencia de «noticia de pagos sospechosos». El Ministerio Público ha reiterado que no existen indicios de malversación en los hechos investigados y ha puesto en duda la evolución de una causa que, a su juicio, acumula imputaciones y delitos sin fundamento claro.
Además, el fiscal se ha adherido al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez ante la Audiencia Provincial, en el que se rechaza la imputación por un supuesto delito de malversación relacionado con la contratación de su asesora en La Moncloa. El foco de la investigación es determinar si la asistente, financiada con fondos públicos, realizó tareas vinculadas a la cátedra que codirigía Gómez en la universidad.
Argumentos de la defensa y la Fiscalía
El fiscal ha insistido en que no existen pruebas de que Cristina Álvarez, la asistente de Gómez, desempeñara un trabajo ficticio o percibiera salarios públicos sin desempeñar funciones reales. Tampoco se ha detectado perjuicio alguno para las arcas públicas debido a supuestos excesos en las atribuciones de la asistente.
En su escrito, la Fiscalía señala que Begoña Gómez percibió, entre 2012 y 2022, un total de 34.314 euros en la Universidad Complutense, de los cuales 9.131 euros corresponden a fechas anteriores a la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Asimismo, puntualiza que la cátedra no reportó a Gómez ningún ingreso directo.
“No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares”, destaca el fiscal, subrayando la ausencia de pagos irregulares pese a las investigaciones patrimoniales realizadas.
Otras imputaciones y líneas de investigación
El Ministerio Fiscal también rechaza la existencia de indicios de malversación respecto a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y considera que su imputación debió haberse archivado una vez que el Tribunal Supremo no encontró indicios contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Por otra parte, el fiscal manifiesta su escepticismo sobre la supuesta existencia de un delito de corrupción en los negocios, incluido en la causa principal, calificando su imputación de “improcedente e imposible de subsumir” en los hechos investigados.
En relación a la apropiación indebida de software, la Fiscalía ha descartado cualquier ánimo de lucro o apropiación irregular, explicando que las creaciones en el marco de la cátedra pertenecen a la Universidad Complutense.
Finalmente, el fiscal niega que existan indicios de intrusismo profesional relacionados con la redacción de un pliego de condiciones técnicas, indicando que los documentos del caso demuestran que la responsabilidad recaía en un responsable de la cátedra. A juicio del Ministerio Público, en todo caso podría tratarse de una irregularidad administrativa, pero no de un delito penal.
Situación actual del proceso
El curso de la investigación se encuentra ahora a la espera de nuevas resoluciones judiciales, mientras la Fiscalía mantiene su postura de que no existen elementos suficientes para sostener las acusaciones de malversación y corrupción en los negocios que pesan sobre Begoña Gómez, su asistente y otros implicados en el caso.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
