El Tribunal Supremo rechaza el desahucio de una familia tras el ingreso del titular del alquiler en una residencia de mayores
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia relevante para los derechos de los inquilinos de larga duración, al desestimar la petición de desahucio planteada por una empresa inmobiliaria contra la familia de un arrendatario que, por motivos de salud, tuvo que ingresar en una residencia de mayores. La decisión reafirma que la ausencia del titular del contrato no implica, por sí sola, el abandono de la vivienda ni la extinción del contrato de alquiler, especialmente cuando la familia sigue residiendo en el domicilio.
Un contrato histórico y una vida familiar en el mismo hogar
La historia se remonta a 1935, cuando el padre del actual titular —identificado como Francisco, nombre ficticio para preservar su anonimato— firmó el contrato de arrendamiento de una vivienda en Madrid. Tras su fallecimiento en 1976, el contrato pasó a manos de su hijo, quien continuó residiendo en el inmueble junto a su esposa e hijo durante décadas.
Sin embargo, en octubre de 2019, la vida de Francisco cambió drásticamente tras sufrir un ictus isquémico que le obligó a ingresar en una residencia de mayores debido a su situación de dependencia reconocida como grado III. A pesar de su traslado, su esposa y su hijo continuaron viviendo en la vivienda, que permaneció como domicilio familiar hasta el fallecimiento de Francisco en junio de 2023.
La reclamación de la propiedad y el recorrido judicial
En abril de 2022, la empresa propietaria del inmueble, Inversiones Inmobiliarias Tar S.L., interpuso una demanda para resolver el contrato y recuperar la vivienda. Argumentó que el titular había estado ausente más de seis meses y que sus familiares carecían de derecho a permanecer en la casa. Para fundamentar su solicitud, la empresa invocó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que permite denegar la prórroga forzosa si la vivienda permanece “desocupada” durante más de seis meses en un año, salvo que exista una causa justificada.
El caso pasó por distintas instancias judiciales. En septiembre de 2023, el Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid falló a favor de la inmobiliaria, considerando que el ingreso en la residencia suponía un cambio de domicilio y justificaba la extinción del contrato. Sin embargo, la familia recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión en diciembre de 2024, al entender que la ausencia estaba plenamente justificada por motivos de salud y que la vivienda no se había quedado desocupada.
La empresa recurrió ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha confirmado la postura de la Audiencia Provincial y rechazado la pretensión de la inmobiliaria.
El criterio del Supremo: la ausencia no implica abandono automático
La sentencia, fechada el 17 de septiembre de 2026, establece que la ausencia física del titular por razones de salud no supone el abandono de la vivienda, especialmente cuando ésta sigue siendo el hogar de su familia. El alto tribunal subraya que cada caso debe analizarse individualmente y que no puede aplicarse de forma automática la extinción del contrato por desocupación sin tener en cuenta las circunstancias concretas.
La resolución judicial aplica los artículos 62.3 y 114.11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y hace hincapié en la necesidad de valorar cada situación antes de extinguir un contrato de alquiler por presunta desocupación. Además, el Supremo advierte que su decisión no sienta una regla general, sino que responde a las particularidades de este caso concreto.
- El ingreso prolongado en una residencia de mayores no siempre constituye una causa suficiente para considerar desocupada la vivienda.
- La presencia de familiares en el domicilio puede ser determinante para mantener la vigencia del contrato de arrendamiento.
Consecuencias de la sentencia
Como consecuencia de esta resolución, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la inmobiliaria, ha ratificado la decisión de la Audiencia Provincial y ha condenado a la empresa al pago de las costas procesales. Además, declara perdido el depósito constituido para recurrir.
Esta sentencia representa un precedente relevante en la interpretación de los contratos de arrendamiento de larga duración y los derechos de los familiares de los inquilinos en situaciones de dependencia o enfermedad grave.
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