Hospitales madrileños externalizan la redacción de pliegos de contratos a consultoras y despachos de abogados
Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han recurrido de forma creciente a la contratación de consultoras y despachos de abogados externos para la redacción de los pliegos de decenas de contratos públicos. Esta práctica, que ha supuesto un gasto cercano a los 350.000 euros desde 2016, responde a la falta de medios y personal especializado en los departamentos jurídicos hospitalarios, pero plantea serias dudas sobre el control y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Complejidad y falta de recursos en la elaboración de pliegos
La elaboración de los pliegos que rigen los concursos públicos en sanidad es una tarea de alta complejidad, ya que requiere tanto conocimientos jurídicos avanzados como una precisa especificación técnica del objeto del contrato. Los pliegos no solo determinan el proceso de licitación, sino que también condicionan la futura ejecución del servicio, obra o suministro contratado.
Sin embargo, según advierten expertas como Silvia Díez Sastre, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, los departamentos de contratación de muchos hospitales carecen de los recursos, técnicos especialistas y capacidad suficientes para asumir este trabajo con garantías. La entrada en vigor de nuevas normativas europeas desde 2004 ha incrementado la exigencia técnica y jurídica, dificultando aún más la actualización y formación necesaria para el personal funcionario.
Externalización y riesgos asociados
Ante esta situación, numerosos hospitales madrileños, así como sus Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB), la Gerencia de Atención Primaria y unidades centrales como la de Radiodiagnóstico, han optado por subcontratar la redacción de pliegos a consultoras y despachos externos. Esta externalización, si bien permite cubrir la carencia de perfiles jurídico-técnicos internos, es criticada por expertos en contratación pública.
Silvia Díez alerta sobre la «pérdida de control sobre el contrato» que implica delegar una función tan delicada, y pone el acento en la falta de responsabilidad posterior de las consultoras sobre el contenido de los pliegos que elaboran. Señala también el riesgo de conflictos de interés si estos despachos asesoran al mismo tiempo a empresas proveedoras de los hospitales.
Por su parte, Consuelo Doncel Rodríguez, integrante del grupo de trabajo de integridad en la contratación pública de la FEMP, subraya que los pliegos preparados externamente deben ser validados por los técnicos del hospital y sometidos al control de la intervención, lo que, en su opinión, mitiga los riesgos de la externalización.
Principales consultoras implicadas
Entre las firmas más activas en la redacción de pliegos para hospitales madrileños destacan:
- Tesera de Hospitalidad: con una veintena de contratos desde 2017, tanto para redacción de pliegos como para formación de personal jurídico-administrativo.
- A. Bercovitz, Alvargonzález, Corcelles y García-Cruces Abogados: al menos 17 contratos entre 2020 y 2023 para asesoría y elaboración de pliegos en la Fundación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos.
- Kalaman Consulting: media docena de contratos con la FIB del Hospital Doce de Octubre, incluyendo la tramitación de acuerdos marco y sistemas dinámicos de contratación.
- Bos Consulting: encargos para diversas FIB, incluyendo los hospitales Clínico San Carlos, Doce de Octubre y Ramón y Cajal.
- Laboratorio de la Contratación SL: responsable de los pliegos para las reformas del Hospital La Paz y de las urgencias del Hospital La Princesa, entre otros contratos.
- Grant Thornton: encargada de redactar los pliegos para la construcción y explotación del nuevo aparcamiento del Hospital Niño Jesús.
Cabe destacar que la mayoría de estas consultoras han declinado hacer declaraciones sobre su participación en estos procesos.
El problema del abuso de los contratos menores
La investigación revela que la sanidad pública madrileña adjudica anualmente en torno a 430.000 contratos menores, una cifra muy elevada si se considera que, según la legislación vigente, este procedimiento debe ser «excepcional» y reservado para necesidades puntuales y no recurrentes.
Los contratos menores son aquellos con importe inferior a 15.000 euros (sin IVA) en servicios o suministros, o a 40.000 euros (sin IVA) en obras. Estos contratos no requieren licitación pública ni apenas publicidad, lo que reduce la transparencia y los controles habituales, pero agilizaba la gestión administrativa.
El abuso de esta figura, generalmente adjudicada «a dedo», constituye una práctica extendida en las administraciones públicas, facilitando una gestión ineficiente e incluso, en muchos casos, un claro fraude de ley. El Tribunal Supremo ha sancionado en varias ocasiones la utilización indebida de estos mecanismos, recordando que dividir contratos para eludir la licitación pública constituye una vulneración de los principios de transparencia, libre competencia y buen uso de los fondos públicos.
Repercusiones para la gestión sanitaria pública
La reiteración en la externalización de la redacción de pliegos y el recurso abusivo a los contratos menores revelan carencias estructurales en la gestión de los recursos humanos y materiales de los hospitales públicos madrileños. Además, ponen en evidencia la necesidad urgente de reforzar la profesionalización y especialización de los equipos encargados de la contratación pública hospitalaria.
El control efectivo del gasto y la integridad en la gestión de los contratos resulta esencial para garantizar la eficiencia, la equidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos, especialmente en un sector tan sensible como el sanitario.
Conclusión
La externalización sistemática de tareas jurídicas clave y la proliferación de contratos menores sin suficiente control suponen un desafío para la gestión pública en la sanidad madrileña. Aumentar los recursos y la formación del personal interno, así como fortalecer los mecanismos de control y transparencia, se presentan como medidas imprescindibles para evitar malas prácticas y optimizar la gestión de los recursos sanitarios.
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