Un juzgado de Madrid desestima la querella de Vox contra Sofía Puente por la instrucción sobre la ‘ley de nietos’
Un juzgado de Madrid ha rechazado la querella presentada por Vox contra Sofía Puente, quien fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2022, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones en relación con la instrucción que desarrolla la conocida como ‘ley de nietos’. La decisión judicial se produce apenas un día después de que otro juzgado de la capital admitiera a trámite una querella similar interpuesta por la organización Hazte Oír.
Motivos de la inadmisión
La resolución, firmada por la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid número 3, María Isabel Durántez, inadmite a trámite la querella del partido liderado por Santiago Abascal. El auto señala que concurre la excepción de cosa juzgada en lo referente al delito de prevaricación administrativa, ya que los mismos hechos y con idéntica calificación legal fueron objeto de un procedimiento previo iniciado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que fue desestimado en 2024.
Este argumento fue también el principal motivo esgrimido por la Fiscalía para solicitar la inadmisión de la querella presentada por Hazte Oír en otro juzgado, aunque en ese caso fue admitida a trámite.
Competencias de la directora general
Respecto al delito de usurpación de atribuciones, la jueza subraya que no existe tal infracción penal, dado que «el dictado de una instrucción por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública estaba dentro de sus atribuciones y competencias». Por tanto, concluye que la querella presentada contra Sofía Puente debe ser inadmitida.
Contexto de la instrucción sobre la ‘ley de nietos’
La instrucción del Ministerio de Justicia firmada por Sofía Puente indicaba a consulados y registros civiles que los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955 no debían aportar documentación adicional para acreditar la persecución política sufrida por sus antepasados. Esta medida buscaba facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nietos de exiliados, en cumplimiento de la conocida ‘ley de nietos’.
- El auto subraya la existencia de cosa juzgada en el delito de prevaricación administrativa.
- Se descarta la usurpación de atribuciones, al estar la instrucción dentro de las competencias de la directora general.
- La instrucción facilitaba los trámites para la obtención de la nacionalidad de descendientes de exiliados.
Con esta decisión, el juzgado de Madrid cierra la vía judicial planteada por Vox contra la exdirectora general, reafirmando la legalidad de la actuación administrativa en el marco de la aplicación de la ‘ley de nietos’.
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