La Fiscalía solicita al Supremo levantar la suspensión del voto a nacionalizados por la ‘ley de nietos’
La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Supremo una solicitud para que se levante la suspensión cautelar que impide votar a los ciudadanos nacionalizados bajo la conocida como ‘ley de nietos’. Además, el Ministerio Público ha pedido que las personas afectadas puedan personarse en el procedimiento para defender sus derechos e intereses.
Contexto de la suspensión cautelar
La suspensión fue decretada tras una instrucción gubernamental que desarrollaba la aplicación de la ‘ley de nietos’, que permite la nacionalización de descendientes de ciudadanos españoles. Esta medida afectó a todos los nacionalizados por esta vía, privándoles temporalmente de su derecho al voto.
El Tribunal Supremo estableció un plazo de 48 horas para que las partes presentasen alegaciones antes de decidir si mantiene o levanta la suspensión. Dicho plazo concluyó este jueves, y se espera que el alto tribunal resuelva sobre la cuestión este mismo fin de semana, dado que el cierre oficial del censo electoral está previsto para el próximo lunes 12 de octubre.
Argumentos de la Fiscalía
En su escrito, la Fiscalía solicita a la Sala de lo Contencioso Administrativo que renuncie a revisar los cerca de 170.000 expedientes afectados por la ley de nietos durante el proceso electoral en curso. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público considera que el adelanto electoral ha modificado sustancialmente el contexto, obligando a replantear los criterios sobre los intereses en conflicto que justifican las medidas cautelares.
La Fiscalía destaca las dificultades técnicas y legales derivadas del adelanto electoral. Argumenta que el censo utilizado para estos comicios fue cerrado el 1 de agosto, lo que deja escaso margen para su modificación y asegura la seguridad jurídica del proceso. Además, advierte que mantener la suspensión cautelar podría dar lugar a una suspensión progresiva y continua de incorporaciones al censo, tanto hasta la fecha de las elecciones como posteriormente.
Postura de la Abogacía del Estado
La posición de la Fiscalía coincide con la expuesta por la Abogacía del Estado, la cual ha alertado sobre la “imposibilidad material” de revisar los expedientes afectados en el plazo exigido. Inicialmente, el plazo previsto para completar dicha revisión era hasta el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el adelanto electoral obliga a acortar ese margen al próximo lunes, según lo estipulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Solicitudes adicionales y posibles consecuencias
En paralelo, la asociación Iustitia Europa, una de las partes demandantes, ha solicitado al Supremo la suspensión de las elecciones generales. El objetivo sería disponer del tiempo imprescindible para ejecutar la medida cautelar. Esta petición se produce tras el informe de la Abogacía del Estado, que considera inviable completar la revisión de los expedientes antes del cierre del censo.
- La Fiscalía considera inviable la revisión de los expedientes en el plazo actual.
- Solicita que se permita a los afectados personarse en el procedimiento.
- El Supremo podría decidir este fin de semana sobre la suspensión cautelar.
- La decisión afecta a cerca de 170.000 nacionalizados por la ley de nietos.
El Tribunal Supremo deberá pronunciarse en breve, en un contexto marcado por la premura de los plazos electorales y la complejidad administrativa de revisar los expedientes de miles de nuevos ciudadanos.
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