Testigos afirman que la protesta de Greenpeace en Sagunto en 2021 fue pacífica y sin daños
En el juicio celebrado este miércoles en València, tanto los agentes de la Guardia Civil como los representantes de la compañía Marítima del Mediterráneo y de la Planta de Regasificación de Sagunto coincidieron en que la protesta organizada por 11 activistas de Greenpeace en el puerto de Sagunto (València) en 2021 se desarrolló de manera “pasiva y no violenta”, sin que se produjeran daños materiales significativos.
Desarrollo del juicio y testimonios
La vista oral comenzó a las 10:20 horas en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de València número 8, con la intervención de una decena de testigos, y continuó por la tarde con la declaración de los once acusados. Los hechos juzgados se remontan al 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de Greenpeace accedió al puerto de Sagunto y, junto a cuatro lanchas neumáticas, bloqueó la entrada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas licuado. Durante la acción, los activistas pintaron el mensaje “NO + GAS” en el lateral del barco.
La Fiscalía solicita para los activistas dos años y medio de prisión. Inicialmente, la petición ascendía a cinco años, pero fue revisada a la baja tras reconocer la aplicación errónea de un Código Penal ya derogado. La nueva acusación se apoya en la Ley Orgánica 14/2022, vigente desde enero de 2023, que modificó el delito de desórdenes públicos.
Detalles de la protesta y consecuencias
Durante la protesta, un escalador se subió al ancla del buque Merchant para dificultar el atraque. Como resultado, la entrada prevista del gasero, fijada para las 12:00 horas, se retrasó hasta pasada la medianoche, concretamente hasta las 23:30 horas.
Por estos hechos, la empresa Marítima del Mediterráneo S.A.U. reclama 39.542,27 euros en concepto de gastos generados por remolcadores, prácticos y amarradores. Sin embargo, el representante de la compañía aclaró en el juicio que no se han reclamado ni las horas de retraso ni los costes de alquiler del buque, sino exclusivamente los gastos ocasionados por la imposibilidad de atracar según lo previsto.
Valoración de riesgos y actuación policial
El apoderado de Saggas, la empresa responsable de la planta de regasificación, explicó que el retraso en la descarga del gas pudo suponer un riesgo para la operativa. No obstante, ante preguntas de la defensa, reconoció que no se materializó ningún daño ni existió un peligro real para el tráfico marítimo, señalando que la profesionalidad de los equipos portuarios evitó cualquier incidente, aunque sí identificó “un incremento del riesgo”.
Según el testimonio de seis agentes de la Guardia Civil presentes durante la protesta, las lanchas neumáticas de Greenpeace realizaron maniobras para distraer y entorpecer la entrada del gasero. Los agentes describieron la acción como “frenética y temeraria”, pero insistieron en que la protesta fue “totalmente pacífica” y que la actitud de los activistas fue “pasiva y no violenta”. Además, señalaron que, aunque los manifestantes no colaboraron ni respondieron a los requerimientos policiales en inglés y español, no se registraron episodios de violencia.
Contexto legal y situación actual
- La acusación inicial de la Fiscalía se redujo debido a la entrada en vigor de una nueva ley que modificó el delito de desórdenes públicos.
- La empresa afectada solo reclama los gastos directos derivados del retraso en el atraque del buque, no daños materiales ni pérdidas de explotación.
- Los testigos coinciden en que no se registraron daños materiales ni violencia por parte de los activistas.
El juicio continúa con la declaración de los acusados, mientras se mantiene la petición de pena de dos años y medio de prisión para los activistas por parte de la Fiscalía.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
