La Fiscalía denuncia obstáculos de algunos bancos en la investigación del ‘caso Montoro’
La Fiscalía Anticorrupción ha alertado de las dificultades que enfrenta la investigación judicial del denominado ‘caso Montoro’, especialmente en lo referente al acceso a información bancaria clave para el avance de las diligencias. El caso, que sitúa al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el centro de una supuesta red de favoritismos y comisiones ilegales, se prolongará al menos otros seis meses al persistir importantes pesquisas pendientes.
Prórroga de la instrucción por diligencias pendientes
El juez instructor acordó a mediados de julio ampliar el plazo de la investigación hasta el 26 de enero del próximo año. Entre los motivos señalados destaca la necesidad de tomar declaración a Montoro y a otros 16 investigados. El exministro, fundador de la consultora Equipo Económico, está vinculado a supuestas irregularidades relacionadas con cambios legislativos que habrían beneficiado a clientes de su despacho cuando lideraba el Ministerio de Hacienda.
Según detalla la fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdá, en un escrito fechado el 4 de agosto, “los requerimientos de información a determinados bancos no han sido atendidos en los términos solicitados y han debido reiterarse en varias ocasiones, dificultando el análisis de las cuentas bancarias de los investigados y de otras personas y sociedades relacionadas”. Esta situación, añade, impide avanzar en el esclarecimiento de los movimientos financieros bajo sospecha.
Pagos bancarios a la sociedad investigada
La fiscalía también ha advertido que algunas entidades bancarias, además de no colaborar plenamente con la entrega de información, han continuado realizando pagos a la sociedad Equipo Económico, actualmente conocida como Global Afteli. Este hecho añade un elemento de complejidad a la investigación y genera interrogantes sobre la transparencia de los flujos financieros relacionados con la firma.
Rechazo de los recursos presentados por las defensas
Las defensas de los acusados han presentado recursos de apelación contra la decisión de prorrogar la instrucción, argumentando que se vulneró el derecho de audiencia y otros principios fundamentales. Sin embargo, la fiscal rechaza tales alegaciones y sostiene que “el auto del juez recoge motivación suficiente” para la ampliación, detallando las diligencias realizadas, pendientes y la necesidad de nuevas actuaciones en una investigación “muy compleja y cargada de condicionantes”.
Respecto al derecho de audiencia, la Fiscalía aclara que dicho trámite se ha cumplido de manera “escrupulosa”, permitiendo a todas las partes pronunciarse sobre la solicitud de prórroga presentada por la acusación popular FETAP-CGT. Según consta en el escrito, el juzgado notificó el 26 de junio la petición de ampliación, brindando a las defensas la oportunidad de adherirse u oponerse, opción que no ejercieron en su momento.
Ocho años de investigación y una trama de influencias
La investigación judicial, iniciada hace ocho años a raíz de la incautación de correos electrónicos durante un registro en Messer Ibérica de Gases, ha revelado la existencia de una posible organización integrada por altos cargos del Gobierno y la administración central. De acuerdo con los autos judiciales, estos habrían creado una red de influencias destinada a obtener beneficios económicos para clientes específicos, interviniendo de manera decisiva en reformas legislativas a cambio de importantes pagos.
- La estructura investigada gira en torno a Equipo Económico, fundada por Montoro, y sus socios vinculados a anteriores gobiernos.
- Las pesquisas apuntan a que estas influencias se habrían utilizado para favorecer a determinadas empresas en el ámbito de Hacienda.
- El caso se originó tras la investigación a cinco empresas gasistas sospechosas de pagar comisiones irregulares al despacho de Montoro.
Perspectivas de la investigación
La Fiscalía considera imprescindible la colaboración de las entidades bancarias para esclarecer los hechos y avanzar en el análisis de los movimientos sospechosos. La falta de respuesta o la demora en la entrega de información financiera representan un obstáculo significativo en un proceso que ya se caracteriza por su complejidad y la multiplicidad de investigados.
Con la prórroga de la instrucción y la previsión de nuevas comparecencias, la resolución del caso Montoro dependerá en gran medida de la superación de estos obstáculos y de la obtención de pruebas determinantes para esclarecer si existió una red de favores y comisiones ilegales en torno al exministro y su entorno profesional.
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