El exalcalde de Cádiz, ‘Kichi’, se defiende ante la petición de 18 años de inhabilitación: «Aquí nadie ha mangado»
La Fiscalía solicita 18 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 10.800 euros para el exalcalde de Cádiz, José María González, conocido popularmente como ‘Kichi’. La petición se fundamenta en presuntos delitos de prevaricación y revelación continuada de secretos relacionados con la contratación de un asesor durante su mandato.
Acusaciones sobre la contratación de un asesor externo
El caso, conocido como el del «asesor fantasma», gira en torno a la incorporación de un profesional externo por parte de Por Cádiz Sí Se Puede, la formación que respaldaba al equipo de gobierno municipal en aquel momento. Según la Fiscalía, este asesor no contaba con la condición de funcionario público, ni era personal laboral o eventual del Ayuntamiento. Aun así, habría tenido acceso continuo a información reservada, especialmente vinculada al área de contratación, gestionada por funcionarios de carrera y autoridades municipales.
El escrito de acusación sostiene que el asesor impartió instrucciones a funcionarios municipales y que sus indicaciones, así como las modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo y debían ser acatadas por los empleados públicos. Además, la Fiscalía subraya que dichas actuaciones contaban con el respaldo de los miembros acusados del equipo de gobierno.
La defensa de ‘Kichi’: «No era un asesor fantasma, era un asesor que asesoraba»
Ante las acusaciones, José María González ha recurrido a sus redes sociales para defender su gestión. En su comunicado, rechaza el término «asesor fantasma» y afirma que se trataba de un profesional contratado por el partido, con el objetivo de orientar a los concejales tras la entrada en vigor de una nueva ley de contratos. Según Kichi, la finalidad era «incluir cláusulas sociales y hacer del Ayuntamiento de Cádiz una administración más humana».
El exalcalde insiste en que el asesor en cuestión no intervino en decisiones técnicas y que su labor fue exclusivamente de apoyo y asesoramiento a los representantes públicos. Añade que la denuncia proviene del Partido Popular, «con CCOO como cómplice», en respuesta a un intento de transformar la administración local.
Respuesta ante las denuncias y críticas al sistema judicial
Kichi subraya que esta es la decimonovena denuncia que enfrenta y se muestra confiado en que será archivada, al igual que las anteriores. «Me denuncian por hacer las cosas bien», afirma, al tiempo que critica que quienes cometen delitos de corrupción o derrochan fondos públicos no son investigados con la misma intensidad.
El exalcalde acusa a la Justicia de emplear una «doble vara de medir» que permite que este tipo de procedimientos sigan adelante y asegura que no se dejarán intimidar: «Nos podremos equivocar, pero nunca de bando», concluye.
Contexto político y repercusiones
El caso pone de manifiesto las tensiones políticas en el Ayuntamiento de Cádiz y el debate en torno a la gestión de recursos humanos y la transparencia en la administración pública. La resolución del proceso judicial determinará las posibles consecuencias para el exalcalde y su equipo.
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