El Congreso bloquea más de la mitad de las medidas del Plan de Acción por la Democracia

El Congreso mantiene sin aprobar más de la mitad de las medidas del Plan de Acción por la Democracia

A punto de cumplirse dos años desde la aprobación del Plan de Acción por la Democracia por parte del Gobierno, el balance revela que más de la mitad de las medidas impulsadas siguen sin estar plenamente en vigor. Este ambicioso plan, presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como respuesta a la imputación judicial de Begoña Gómez en 2024, contemplaba un total de 31 iniciativas destinadas a fortalecer la democracia y regenerar las instituciones.

Avances recientes y nuevas iniciativas

El pasado martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este texto legislativo, cuyo anteproyecto fue acordado en enero, inicia ahora su tramitación parlamentaria tras ser remitido al Congreso.

Desde el Gobierno se destaca que ya se ha desarrollado el 87% del contenido del plan, considerando tanto medidas completadas como aquellas en proceso avanzado de tramitación. Sin embargo, este cálculo incluye acciones que no requieren necesariamente la aprobación de las Cortes, por lo que el avance legislativo real es más limitado.

Estado de las medidas del Plan de Acción por la Democracia

• Medidas completamente desarrolladas: Solo siete de las 31 acciones están al 100% en vigor, ya sea porque han culminado su proceso o porque no necesitan validación parlamentaria. Entre ellas destacan la celebración de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Vitoria (octubre de 2025), la ejecución del IV y la preparación del V Plan de Gobierno Abierto, la aprobación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (enero de 2025) y el Real Decreto para la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal, con la creación de nuevas unidades especializadas en la lucha contra la corrupción. Además, se lanzó un programa de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de medios y se aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en agosto de 2025, cuya implementación depende en parte de la futura Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).
• Medidas remitidas a las Cortes: En 11 casos, el Gobierno considera finalizada su labor, quedando el desarrollo en manos del Congreso. No obstante, ninguna de estas iniciativas ha alcanzado aún la fase final, por lo que no se prevén avances significativos hasta después del verano. Entre ellas figuran la reforma sobre el derecho al honor, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, la reforma de la Ley Electoral (incluyendo la obligación de debates electorales y la publicación de microdatos de encuestas), el proyecto de ley de grupos de interés (ley de lobbies), la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, y la reforma de la Ley sobre secretos oficiales.
• Iniciativas en tramitación interna: Nueve medidas permanecen a la espera de completar trámites dentro del Ejecutivo antes de ser enviadas a las Cortes. Destacan la Ley de Administración Abierta y la obligación de rendición de cuentas semestral para las administraciones, cuyo anteproyecto fue aprobado en octubre del año pasado. La esperada reforma de la Ley de publicidad institucional, que incluye criterios de transparencia y límites en la financiación pública a medios, también aguarda su segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Otras pendientes son la Ley de secreto profesional de los periodistas, la transposición de la Directiva anti SLAPP para proteger a periodistas frente a acosos y el refuerzo del régimen sancionador a partidos políticos por irregularidades contables, condicionado a la aprobación de la LOIP.
• Reformas avanzadas en el Parlamento: La reforma del Reglamento del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones por la no presentación o manipulación de declaraciones de bienes se encuentra en una fase muy avanzada, tras la aprobación de la ponencia previa al debate en Pleno.
• Medidas sin avances públicos: Tres acciones carecen de novedades conocidas: la creación de una comisión parlamentaria sobre desinformación, el desarrollo de una estrategia nacional contra campañas de desinformación y la obligatoriedad de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.

Principales retos y bloqueos

Entre las reformas más complejas y bloqueadas se encuentra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, cuya negociación lleva estancada casi un año. También sigue pendiente la reforma del Código Penal para eliminar delitos de opinión contra instituciones, sentimientos religiosos o el escarnio público. Recientemente, PSOE y Sumar han anunciado un acuerdo para desbloquear este apartado, lo que podría acelerar su tramitación.

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha instado a los grupos parlamentarios a agilizar la aprobación de la ley de lobbies, parte del plan anticorrupción surgido tras la detención del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Perspectivas para la legislatura

De cara a los próximos meses, el Gobierno se enfrenta a la tarea de culminar los trámites pendientes y lograr los consensos necesarios para que las medidas en proceso puedan entrar en vigor antes de que finalice la legislatura. Especial relevancia tiene la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que desbloquearía la aplicación de varias de las reformas clave en materia de corrupción y transparencia.

A pesar de los avances realizados, el balance evidencia que el ritmo de ejecución legislativa es inferior al esperado. El Plan de Acción por la Democracia, concebido como una hoja de ruta para la regeneración institucional, sigue enfrentando desafíos tanto políticos como técnicos para que sus principales medidas sean una realidad efectiva en el corto plazo.