El Tribunal Supremo plantea consultar a la Justicia europea sobre la regularización extraordinaria de migrantes
El Tribunal Supremo ha solicitado a las comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta medida responde a la incertidumbre de si la normativa española podría entrar en conflicto con la legislación comunitaria en materia de migración.
Consulta sobre la compatibilidad con la normativa de la UE
Mediante dos providencias emitidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Supremo otorga un plazo de cinco días a las partes implicadas, entre ellas la Generalitat valenciana y el Gobierno de Aragón, para que expresen su opinión respecto a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre la legalidad de la regularización.
La preocupación central gira en torno a la posible colisión entre el régimen de regularización establecido en el real decreto y las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (PMAUE), firmado en 2024. El Supremo plantea si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno —y su no trasposición completa por parte del Estado español—, es conforme al derecho comunitario que las personas en situación irregular en España puedan acceder a un permiso de residencia temporal de manera generalizada, simplemente por su estancia en el país.
Contexto de la medida y debate jurídico
Las providencias de la Sala Tercera del Supremo se dictan antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas recurrentes. Los magistrados destacan que la regularización propuesta no implica un reconocimiento individualizado del permiso de residencia, sino que establece un régimen general de carácter normativo para todos los ciudadanos de terceros países en situación irregular que cumplan determinados requisitos.
El Supremo subraya que el reglamento europeo que desarrolla el pacto migratorio establece de forma clara la necesidad de contar con un marco común para gestionar de manera eficiente el creciente fenómeno de las llegadas mixtas, tanto de personas que requieren protección internacional como de aquellas que no la necesitan.
Responsabilidad compartida en la gestión migratoria
Asimismo, el alto tribunal recuerda que la normativa europea determina que la responsabilidad ante la llegada de migrantes y solicitantes de asilo no debe recaer únicamente en los Estados miembros por separado, sino que debe ser asumida por la Unión Europea en su conjunto. Esta disposición busca fomentar una gestión coordinada y solidaria entre los países miembros, frente a una problemática que afecta al conjunto del territorio comunitario.
Próximos pasos
- Las comunidades autónomas involucradas disponen de cinco días para manifestar su posición respecto a la consulta al TJUE.
- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidirá posteriormente si presenta la cuestión prejudicial.
- Mientras tanto, las medidas cautelares solicitadas por las autonomías siguen pendientes de resolución.
Este debate jurídico pone de relieve la complejidad de la gestión migratoria en España y Europa, así como la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la adecuación de las normas nacionales con el marco comunitario.
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