La UDEF elaboró informes sobre Zapatero sin analizar dispositivos clave incautados a Plus Ultra y Rodolfo Reyes
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cerró dos informes esenciales sobre la presunta red de influencias en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sin haber analizado dispositivos electrónicos incautados meses atrás a la aerolínea Plus Ultra y al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas. Según los documentos judiciales del caso, los agentes solicitaron permiso para acceder a estos aparatos apenas dos días antes de remitir los informes al juez, a pesar de que la autorización judicial para su análisis estaba vigente desde diciembre del año anterior.
Dispositivos incautados y retrasos en su análisis
El 11 de diciembre de 2025, durante un operativo policial, la UDEF confiscó una serie de dispositivos electrónicos en el marco de la investigación sobre Plus Ultra. Entre los aparatos intervenidos figuraban una táblet de Rodolfo Reyes, cuatro discos duros de las oficinas de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid), tres iPhones y un portátil del abogado Miguel Palomero de Juan, así como imágenes de la cámara de seguridad de su domicilio.
Ese mismo día, fueron detenidos destacados directivos de la aerolínea, incluyendo a su presidente, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; el abogado Miguel Palomero, y Julio Martínez Martínez, empresario cercano a Rodríguez Zapatero.
Pese a la relevancia de estos dispositivos, la UDEF no procedió a su análisis inmediato. No fue hasta el 20 de abril de 2026, cuatro meses después, que solicitó formalmente al juez José Luis Calama autorización para desprecintar y volcar el contenido de estos aparatos. Sin embargo, el 23 de abril, el magistrado recordó a los agentes que ya contaban con la autorización necesaria desde el registro inicial, dictada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Informes sin contenido clave
Los dos informes policiales sobre la presunta trama liderada por Zapatero fueron fechados el 22 de abril, es decir, dos días después de la solicitud de acceso a los dispositivos y antes de que se autorizara expresamente su análisis. En consecuencia, estos informes no incluyeron el contenido de la táblet, los discos duros, ni los teléfonos y el portátil incautados a Palomero.
Para la elaboración de los informes, los agentes sí utilizaron conversaciones extraídas de tres iPhones de Julio Martínez Martínez, el iPhone de Julio Martínez Sola y un dispositivo Samsung de Roberto Roselli, todos incautados el mismo 11 de diciembre. La principal fuente de información, sin embargo, fueron los mensajes de WhatsApp hallados en un móvil de Rodolfo Reyes, intervenido en 2021 por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) en el aeropuerto de Miami. El contenido de ese teléfono fue enviado a la UDEF el 18 de marzo de 2026, apenas un mes antes del cierre de los informes.
Órdenes internacionales de detención y cooperación con EEUU
El 17 de marzo de 2026, el juez Calama reactivó las órdenes internacionales de detención contra Rodolfo Reyes, su esposa Aurora López López, el ciudadano holandés Simon Leendert Verhoeven y el peruano Luis Felipe Banca, vinculados a la desviación de fondos del rescate estatal a Plus Ultra y presuntas operaciones de blanqueo. Estas órdenes habían quedado sin efecto días antes debido a errores de tramitación y falta de confirmación ante Interpol, según consta en la documentación judicial.
Al día siguiente de reactivar las órdenes, la HSI transfirió a la policía española el contenido del móvil de Reyes, elemento crucial en la investigación sobre Plus Ultra y su entramado societario.
Requisitos legales y garantías procesales
El 5 de junio, el juez Calama requirió a las autoridades estadounidenses, a través de una comisión rogatoria, autorización para que el contenido del móvil de Rodolfo Reyes pueda utilizarse como prueba en el procedimiento penal del caso Plus Ultra, y no únicamente como material de investigación. Paralelamente, la defensa de Rodríguez Zapatero ha solicitado que se amplíe esta petición para asegurar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los mensajes, así como la cadena de custodia desde la intervención del teléfono en 2021 hasta su entrega a la policía española en 2026.
En sus resoluciones, el juez ha detallado los estrictos requisitos de la legislación española para preservar la cadena de custodia de dispositivos electrónicos, incluyendo la identificación precisa de los aparatos, la documentación de cada traslado o acceso autorizado, la identificación de todas las personas que los manipulen, el registro de técnicas empleadas y el cálculo del hash del dispositivo. Estas garantías buscan evitar cualquier alteración, pérdida o manipulación de la prueba, asegurando su validez en juicio.
- Identificación detallada del dispositivo: marca, modelo, número de serie y características físicas.
- Registro de cada manipulación y responsable de la custodia.
- Documentación del tiempo y motivo de cada traslado o acceso.
- Cálculo del hash para verificar la integridad de la información.
La información extraída del móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra e investigado por blanqueo y evasión de sanciones, deberá cumplir con estos estándares, salvo que el juez considere válidos los procedimientos estadounidenses.
Conclusión
El caso Plus Ultra evidencia deficiencias en la coordinación y gestión de pruebas por parte de la UDEF, que elaboró informes cruciales sin analizar dispositivos incautados meses antes, a pesar de contar con autorización judicial. La investigación, que involucra a figuras relevantes como Rodríguez Zapatero, sigue pendiente de la validación y posible incorporación como prueba del contenido digital facilitado por las autoridades estadounidenses, mientras la defensa exige garantías sobre su procedencia y autenticidad.
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