La defensa de la asesora de Begoña Gómez califica de «disparatada» la acusación y denuncia motivaciones políticas
La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha presentado un escrito de defensa en el que rechaza de manera contundente las acusaciones que pesan sobre ella. Álvarez, quien podría ser juzgada por un jurado popular según la propuesta del juez Juan Carlos Peinado, considera que la causa en su contra es «disparatada» y responde exclusivamente a intereses políticos.
- La defensa de la asesora de Begoña Gómez califica de «disparatada» la acusación y denuncia motivaciones políticas
- Acusaciones y penas solicitadas
- Críticas al proceso judicial y a la acusación popular
- Motivación política y estrategia dilatoria
- Posiciones divergentes dentro de la acusación popular
- Conclusiones
Acusaciones y penas solicitadas
La acusación popular, coordinada por la organización Hazte Oír, solicita para Álvarez penas que suman varias décadas de prisión e inhabilitación. En concreto, piden:
- Ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta por un delito de malversación.
- Cuatro años de prisión por supuesto tráfico de influencias.
- Cuatro años por corrupción en los negocios.
- Seis años por apropiación indebida.
La defensa de Álvarez considera que estas solicitudes son desproporcionadas y carentes de base legal, acusando a la parte denunciante de «retorcer» el derecho penal y cometer «barbaridades jurídicas». Entre los ejemplos señalados, se encuentra la calificación como tráfico de influencias del nombramiento de personal eventual de confianza y la acusación de apropiación indebida sobre bienes inmateriales.
Críticas al proceso judicial y a la acusación popular
El escrito de defensa, que consta de 32 páginas y ha sido presentado ante el juez Peinado, insiste en el sobreseimiento de la causa. La abogada de Álvarez señala que los hechos imputados no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados delitos, subrayando la «desmesura» de las penas solicitadas y el «excesivo» número de testigos propuestos —hasta 120—, muchos de ellos sin relación directa con los hechos investigados.
Además, la defensa denuncia la incoherencia de que una de las organizaciones integrantes de la acusación popular, Manos Limpias, haya solicitado la absolución de Álvarez y pedido su desvinculación del resto, al considerar que no existen delitos cometidos por su representada.
Motivación política y estrategia dilatoria
Según la defensa, la verdadera intención de la acusación popular es prolongar el proceso judicial tanto como sea posible para maximizar el impacto político, llegando incluso a intentar que el juicio coincida con un periodo electoral. El escrito sostiene que el objetivo es obtener un rédito político en un proceso «mediático», sin que importen los hechos realmente juzgados.
Posiciones divergentes dentro de la acusación popular
Por su parte, Hazte Oír, la asociación que lidera la acusación popular, ha presentado un escrito en el que solicita al juez Peinado adherirse parcialmente a un recurso de la defensa de Begoña Gómez. Según la organización, esta adhesión responde a cuestiones estrictamente procesales, coincidiendo con la petición de suspender la solicitud de escritos de acusación y defensa hasta que se complete una diligencia testifical pendiente, como ha solicitado también la defensa de Gómez.
Hazte Oír aclara que su postura busca evitar nuevos recursos dilatorios y no responde a la convicción de que se haya producido alguna vulneración de derechos en el proceso.
Conclusiones
El caso que enfrenta a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, con diversas organizaciones de la acusación popular, continúa generando controversia tanto en el ámbito judicial como en el político. La defensa mantiene que no existen fundamentos legales para las acusaciones y denuncia el uso del proceso con fines partidistas, mientras que las posiciones internas dentro de la acusación popular muestran fisuras y desacuerdos sobre el rumbo del caso.
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