El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, se ausenta nuevamente de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el ‘caso Cerdán’
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha vuelto a ausentarse de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que indaga el denominado ‘caso Cerdán’. La comparecencia estaba prevista para este lunes a las 11:00 horas, tras una primera citación fallida el pasado 20 de enero. Esta segunda inasistencia deja en manos del órgano parlamentario la decisión de trasladar el caso a la Fiscalía, dado que negarse a comparecer puede ser considerado un delito de desobediencia según la legislación vigente.
Posible delito de desobediencia según los servicios jurídicos
Un informe elaborado por los servicios jurídicos de la cámara foral subraya la relevancia del artículo 502 del Código Penal. Este artículo establece que la negativa a presentarse ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa autonómica puede ser sancionada como delito de desobediencia. La cuestión de si la conducta de Entrecanales encaja en este precepto deberá ser, en última instancia, resuelta por la autoridad judicial.
El reglamento del Parlamento de Navarra, en su artículo 72.5, determina que la única facultad de la cámara en estos casos es dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal. Será este organismo el encargado de investigar la posible responsabilidad penal derivada de la incomparecencia.
Representantes de Acciona y justificaciones de la ausencia
A pesar de que las citaciones parlamentarias son nominales e intransferibles, Acciona ha designado en ambas ocasiones a dos directivos para comparecer en lugar de su presidente: Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y José Julio Figueroa Gómez, también directivo de la empresa. La compañía justifica la ausencia de Entrecanales considerando que la citación debería haberse dirigido a su filial Acciona Construcción, la empresa que formó parte de la UTE adjudicataria de las obras en el túnel de Belate, uno de los proyectos investigados en la causa.
Cabe destacar que, aunque Acciona no figura como investigada como persona jurídica, Entrecanales fue incluido en la lista de comparecientes de la comisión navarra. La empresa ya había solicitado el pasado 13 de noviembre la reconsideración de la pertinencia de citar formalmente a su presidente, petición que fue rechazada por la comisión, tal y como recoge el informe jurídico solicitado por el Parlamento foral.
Contexto del ‘caso Cerdán’ y avance de la investigación
La comisión de investigación fue constituida el 3 de julio con el objetivo de analizar las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra en las últimas cuatro legislaturas, tanto a personas físicas como jurídicas implicadas en la causa judicial.
Entre los principales investigados en esta trama figuran el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el exasesor Koldo García. Estos dos últimos permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por su implicación en el denominado ‘caso mascarillas’.
Implicaciones para Acciona y nuevos citados
Las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto el foco en varias adjudicaciones de obras a la UTE conformada por Acciona y Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán. Como consecuencia, el magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar a varios exdirectivos de Acciona Construcción:
- Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona para España
- Tomás Olarte Sanz, exdirector de la zona norte, actualmente en la empresa
- Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur de Acciona Construcción
Estos nombres se suman a Fernando Merino, el primer exdirectivo de Acciona investigado en el marco de este procedimiento judicial.
Próximos pasos y posibles repercusiones
La reiterada ausencia de José Manuel Entrecanales ante la comisión del Parlamento de Navarra podría derivar en acciones judiciales si el órgano legislativo opta finalmente por trasladar el caso a la Fiscalía. De confirmarse la existencia de un delito de desobediencia, el proceso avanzaría a la vía penal, marcando un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta manipulación de contratos de obra pública en Navarra.
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