Vivienda responde a PP, Vox y Junts tras el rechazo a la prórroga de la moratoria de desahucios
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado duramente a los partidos PP, Vox y Junts por su rechazo al decreto que incluía la prórroga de la moratoria de desahucios para personas en situación vulnerable. Rodríguez ha calificado de «falaces» los argumentos esgrimidos por estas formaciones, que junto a UPN sumaron la mayoría absoluta necesaria para tumbar la medida en el Congreso.
Críticas a la equiparación de pobreza y delincuencia
La titular de Vivienda ha subrayado que la postura de estos partidos supone, en la práctica, equiparar la pobreza con la delincuencia o la criminalidad, un enfoque que ha rechazado de pleno. Rodríguez ha instado a las formaciones implicadas a actuar con «sensibilidad» hacia quienes atraviesan dificultades económicas, recordando que las administraciones públicas deben proteger a las personas más vulnerables.
El decreto rechazado contemplaba, además de la moratoria de desahucios, la prohibición de cortes de suministros básicos como agua, luz y gas para personas vulnerables, así como la revalorización de las pensiones. Los partidos de la oposición argumentaron que la medida fomentaría la inquiocupación, es decir, la ocupación ilegal de viviendas.
Defensa de las medidas de protección social
Durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Congreso, Rodríguez ha defendido que la moratoria no abre las puertas a la ocupación ilegal, ya que esta posibilidad queda expresamente excluida en el texto legal. La ministra ha recalcado la necesidad de proteger a quienes pueden verse afectados por situaciones inesperadas, como la pérdida de empleo, el fallecimiento de un familiar o la aparición de una discapacidad que dificulte el acceso a recursos básicos.
«La vulnerabilidad puede afectar a cualquiera», ha enfatizado Rodríguez, apelando a la empatía y solidaridad de la sociedad y los representantes políticos. Ha recordado, además, que el Gobierno ha puesto en marcha ayudas por valor de 300 millones de euros para propietarios que puedan sufrir impagos por parte de inquilinos en situación vulnerable.
Compromiso con el derecho a la vivienda
Isabel Rodríguez ha destacado la importancia de aumentar el ritmo de producción de vivienda pública para dar respuesta a las necesidades sociales. Según ha explicado, el objetivo del Ejecutivo es garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, evitando que la especulación socave este derecho y asegurando su función social.
La ministra ha subrayado que la política de vivienda debe ir más allá de los ciclos electorales y enfocarse en soluciones a medio y largo plazo, como la ampliación del parque público de vivienda en España.
Impulso a la construcción y al parque público de vivienda
En este sentido, Rodríguez ha anunciado la próxima licitación, en el primer trimestre del año, de 2.800 viviendas a través de la empresa pública Casa 47, en colaboración con el sector privado. A estas se suman las 1.600 viviendas ya licitadas en 2025, alcanzando un total de 4.400 nuevas unidades. La ministra ha indicado que Casa 47 cuenta con una dotación económica de 13.000 millones de euros para los próximos años, lo que refuerza su solvencia y capacidad de actuación.
Además, ha adelantado que cada trimestre se publicarán nuevos lotes de viviendas en el portal habilitado para tal fin. La cartera de Casa 47 se nutrirá tanto de la construcción propia como de la incorporación de viviendas y suelos estatales, procedentes de diferentes ministerios y de la Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para edificar hasta 55.000 nuevas viviendas.
La vivienda, en el centro del debate social y político
Rodríguez ha concluido apelando a la responsabilidad de todos los actores políticos para estar a la altura del debate, recordando que la vivienda es un derecho básico y un pilar fundamental del bienestar social. La ministra ha insistido en la necesidad de garantizar la función social de la vivienda y de proteger a quienes más lo necesitan, reforzando el compromiso del Gobierno con una política de vivienda que priorice la dignidad y la asequibilidad.
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