Las víctimas de las residencias exigen a Mur aclarar el origen del «protocolo de la vergüenza»
El próximo 10 de febrero, tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid deberán comparecer ante la justicia por su papel en la gestión sanitaria durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Los ex funcionarios están citados a declarar como investigados en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, en el marco de la investigación sobre la atención a los residentes de centros de mayores en la primavera de 2020.
Imputados por la gestión sanitaria en residencias durante la pandemia
Entre los citados se encuentra Carlos Mur de Víu, quien fuera director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los conocidos como «protocolos de la vergüenza». Junto a él, comparecerán Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado uno de los principales responsables de estas directrices y sucesor de Mur en el cargo, así como Pablo Busca Ostalaza, entonces responsable del SUMMA 112, el servicio regional de emergencias. En el mismo procedimiento figura también como investigada la geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal de aquella época.
La causa que investiga el juzgado parte de la querella de una mujer cuya madre residía en el centro Manoteras de Madrid en la primavera de 2020. La acusación implica a los ex altos cargos por un presunto delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, constituyendo este el quinto procedimiento judicial abierto sobre estos hechos.
Retrasos y comparecencias judiciales
El avance del proceso judicial ha estado marcado por aplazamientos y suspensiones. En mayo de 2025, Mur y Peromingo debían declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero la vista se suspendió al alegar ambos no haber accedido previamente a las actuaciones. Posteriormente, en junio, otro juzgado se inhibió a favor del primero por estar investigando los mismos hechos. Desde entonces, Peromingo ha declarado en dos ocasiones y Mur en una, mientras que Pablo Busca aún no ha comparecido por motivos procesales y de salud.
Responsabilidades y señalamientos en la gestión de la crisis
Durante sus declaraciones judiciales, Francisco Javier Martínez Peromingo admitió el carácter «discriminatorio» de las directrices emitidas y atribuyó la responsabilidad de su redacción a Carlos Mur. Por su parte, Mur aseguró que solo firmó un texto ya elaborado y que su contenido era conocido por la cúpula de la Consejería de Sanidad, encabezada entonces por Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila. Ambos ocupan actualmente cargos públicos y están aforados, lo que dificulta su citación judicial.
Las familias exigen respuestas claras
Las asociaciones de familiares de las víctimas, como Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, consideran positivo que por primera vez Mur haya señalado a sus superiores políticos ante la justicia, pero insisten en la necesidad de que aclare quién le ordenó firmar y remitir los polémicos protocolos a los hospitales.
Estas asociaciones también han criticado los recientes «insultos» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien les calificó como «plataforma de frustrados». A juicio de los familiares, estas descalificaciones no silencian la pregunta central que sigue sin respuesta seis años después del inicio de la pandemia: ¿por qué no se enviaron a las residencias los 1.826 médicos y enfermeros que, aseguran, estaban disponibles para medicalizar los centros en marzo y abril de 2020?
El destino del personal sanitario durante la crisis
Según los familiares, la mayoría de los profesionales sanitarios —1.421 médicos y enfermeros— fueron destinados al hospital de campaña de Ifema, presentado como el «hospital milagro» por el gobierno autonómico, y otros 351 a hoteles medicalizados. Solo 54 sanitarios habrían sido enviados finalmente a las residencias de mayores.
- 1.421 sanitarios destinados al hospital de campaña de Ifema
- 351 profesionales enviados a hoteles medicalizados
- Solo 54 sanitarios llegaron a las residencias
Las familias de las víctimas continúan reclamando transparencia y responsabilidades políticas, convencidas de que las decisiones tomadas durante aquellos meses críticos no han sido debidamente esclarecidas ante la sociedad y la justicia.
Nota:
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