Víctimas de abusos sexuales en la infancia exigen terapias y un estatuto de protección integral

Víctimas de abusos sexuales en la infancia reclaman acceso a terapias y un estatuto propio

Las víctimas de abusos sexuales en la infancia han intensificado sus demandas al Gobierno español para lograr un reconocimiento integral de sus derechos, más allá de la mera compensación económica. Organizaciones sociales y asociaciones de afectados solicitan la creación de un Estatuto de la Víctima que garantice acceso a terapias especializadas y medidas de apoyo en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y habitacional.

Reclaman un estatuto con derechos específicos

Ana Cuevas, presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) y directora de Justice Initiative España, subraya la importancia de dotar a las víctimas de mecanismos que les permitan superar el aislamiento y las secuelas derivadas de los abusos sufridos en su infancia. “Queremos que las víctimas no se queden aisladas ni estancadas, y darles herramientas para poder salir adelante”, afirma.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica, que permitirá indemnizar a menores cuyos casos ya han prescrito judicialmente, las asociaciones consideran que es necesario ampliar el alcance de las medidas a todas las víctimas, independientemente del entorno en el que se hayan producido los abusos.

Reforma legal en marcha

Actualmente, el Ministerio de Justicia estudia una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Las víctimas solicitan que la reforma reconozca las secuelas profundas que dejan los abusos sexuales infantiles, lo que exige una intervención activa del Estado en diferentes áreas para asegurar su recuperación y reintegración plena.

¿Qué implica el Estatuto de la Víctima?

Tanto ANIR como Justice Initiative proponen que el Estatuto conceda la condición de víctima desde el momento en que se presenta una denuncia, avalada por un informe forense, con el fin de evitar la exclusión social, educativa y laboral.

• Ámbito sanitario: Reclaman atención médica especializada gratuita e ilimitada, con acceso a terapias psiquiátricas y psicológicas durante todos los años que sean necesarios.
• Ámbito educativo: Solicitan una calificación diferenciada como colectivo, que contemple evaluaciones discontinuas y se tenga en cuenta en pruebas como la EVAU. Denuncian que el abuso suele ir acompañado de acoso escolar, lo cual afecta el rendimiento académico de las víctimas.
• Ámbito laboral: Proponen el reconocimiento como colectivo con una valoración individualizada del grado de incapacidad, ya que muchas víctimas presentan dificultades para incorporarse al mercado laboral debido a los graves efectos psicológicos y emocionales de los abusos.
• Ámbito habitacional: Apoyan la implementación del modelo Barnahus, un sistema de atención integral que coordina todos los servicios implicados en casos de abuso sexual infantil bajo un mismo techo, en un entorno adaptado y seguro para los menores.

El modelo Barnahus: atención integral y centrada en el menor

El modelo Barnahus, impulsado en España por organizaciones como Save the Children, consiste en un espacio especialmente adaptado para que los niños reciban atención multidisciplinar sin necesidad de desplazarse entre comisarías, hospitales o juzgados. Las entrevistas forenses se graban y son observadas por todos los profesionales implicados, lo que evita que los menores tengan que repetir su testimonio en múltiples ocasiones y reduce el impacto emocional del proceso judicial.

Más allá de la compensación económica

Aunque la indemnización a las víctimas es considerada un derecho fundamental, Ana Cuevas destaca que no es suficiente para reparar el daño sufrido. “Estas son las herramientas que necesitan para salir adelante, más allá de la fase punitiva contra los agresores, que también debe producirse”, señala.

Las consecuencias de los abusos sexuales en la infancia son profundas y duraderas. Datos recientes muestran que el 83,65% de las víctimas que acudieron a la Oficina del Defensor del Pueblo desarrollaron problemas emocionales y de conducta, mientras que otros porcentajes significativos presentaron dificultades en las relaciones interpersonales, trastornos funcionales, problemas sexuales y alteraciones cognitivas.

Secuelas psicológicas y sociales

Estudios citados por el Defensor del Pueblo advierten que la victimización durante la infancia, una etapa de alta plasticidad neuronal, puede provocar daños permanentes en el desarrollo cerebral. Estas alteraciones se traducen en problemas de relación, desregulación emocional y dificultades sociales que afectan a las víctimas a lo largo de su vida adulta.

Respaldo internacional y ejemplos europeos

El Consejo de Europa se pronunció en enero de 2024 a favor de una investigación, una disculpa oficial y la reparación a todas las víctimas de abusos a menores, sin importar la prescripción de los delitos. La organización subraya la necesidad de reconocer oficialmente el sufrimiento de los supervivientes y facilitarles compensaciones y atención adecuada.

En Suiza, una iniciativa popular permitió la aprobación de una ley que reconoce la injusticia sufrida por las víctimas, promueve la investigación científica y asegura indemnizaciones. En enero de 2024, unas 12.000 personas se habían beneficiado de esta legislación. Justice Initiative España considera fundamental seguir el ejemplo suizo, que ha incluido el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado y disculpas formales a las víctimas.

Un llamamiento a la acción

Las asociaciones de víctimas insisten en que Europa no puede ignorar nuevamente la magnitud del problema. Reclaman que los derechos de los menores sean protegidos de manera efectiva y que las víctimas de abusos sexuales, ya sea en instituciones públicas, privadas o religiosas, reciban el apoyo integral que necesitan para restablecer sus vidas.