Las versiones contradictorias de Acciona en el ‘caso Cerdán’ cuestionan la fiabilidad de sus controles internos
Acciona, una de las principales compañías del sector de infraestructuras en España, se encuentra en el centro de la polémica tras ofrecer versiones opuestas sobre su relación con Servinabar 2000 S.L., empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Las explicaciones divergentes, así como las actuaciones ante la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), abren interrogantes sobre la eficacia de los controles internos y la transparencia de la empresa.
Pagos bajo sospecha: dos versiones en un mes
El 18 de noviembre de 2025, Acciona defendió públicamente que todos los pagos realizados a Servinabar estaban “soportados por facturas debidamente revisadas” y que “se corresponden con los servicios contratados”. Esta declaración se produjo en un contexto de creciente presión judicial, después de que el Tribunal Supremo citara como investigados a tres exdirectivos de Acciona Construcción, y de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportara un informe sobre la presunta operativa fraudulenta entre ambas compañías.
Sin embargo, solo un mes después, el 18 de diciembre, la compañía admitió ante la Agencia Tributaria que no había podido constatar la prestación de los servicios facturados por Servinabar entre 2021 y 2024, por valor de 677.584 euros y que existían “dudas fundadas” sobre la autenticidad de los contratos. Como consecuencia, Acciona presentó autoliquidaciones complementarias del Impuesto sobre Sociedades y del IVA correspondientes a esos ejercicios.
Este giro en el discurso de la empresa evidencia una contradicción directa entre la versión defendida ante la opinión pública y la reconocida ante la administración tributaria, poniendo en entredicho la consistencia de sus explicaciones.
Relación comercial y controles internos
Según comunicó Acciona, la relación comercial con Servinabar se remonta a 2015 y abarca diversos proyectos de construcción y obra civil en España, con una facturación total de 5,7 millones de euros en diez años. La empresa aseguraba que todos los contratos cumplían con los estándares de cumplimiento normativo y ética empresarial, y que los pagos estaban debidamente justificados.
No obstante, la revelación posterior de 48 facturas supuestamente irregulares y la necesidad de regularizar impuestos ante Hacienda cuestionan la robustez de estos controles. A preguntas de diversos medios, la compañía ha insistido en que las autoliquidaciones “no suponen un reconocimiento de que esos trabajos no se prestasen”, pero no ha proporcionado explicaciones detalladas sobre las auditorías internas y externas realizadas.
Dudas sobre la transparencia ante la CNMV
La CNMV, como autoridad encargada de velar por la transparencia e integridad del mercado, exige a las empresas cotizadas informar sobre hechos relevantes que puedan afectar a la valoración de sus acciones. Sin embargo, tras estallar el escándalo, Acciona solo remitió una comunicación como “otra información relevante” (OIR) en junio de 2025, coincidiendo con la publicación del informe de la UCO.
Expertos en regulación consultados consideran improbable que la presentación de autoliquidaciones tributarias constituyese información privilegiada según la ley, por lo que Acciona no estaría obligada a comunicarlo como tal. Sin embargo, señalan que la actitud de la empresa resulta incoherente, ya que informó de la investigación inicial, pero optó por no comunicar hechos posteriores como la imputación de exdirectivos o la regularización fiscal.
¿Información engañosa o insuficiencia de controles?
El núcleo de la polémica se centra en la credibilidad de las auditorías internas y externas alegadas por Acciona. Si “todas las relaciones se verifican y auditan de forma constante”, resulta difícil explicar cómo pudieron pasar desapercibidas 48 facturas presuntamente falsas. La legislación española y europea contempla sanciones por difusión de información “falsa o engañosa”, tanto en comunicaciones regulatorias como en notas de prensa.
Ante los interrogantes sobre la veracidad de sus comunicaciones, la empresa ha remitido a los comunicados oficiales ya publicados, evitando responder a cuestiones concretas sobre el alcance y los resultados de sus auditorías o sobre la coherencia de sus explicaciones públicas.
Preguntas sin respuesta y repercusiones
Diversos medios han trasladado a Acciona preguntas clave que siguen sin contestarse:
- ¿Qué tipo de auditorías internas y externas se realizaron sobre los contratos con Servinabar y por qué no detectaron las posibles irregularidades?
- ¿Considera la empresa que sus comunicaciones ante la CNMV y la opinión pública han sido completas y veraces?
- ¿Por qué no se informó a la CNMV sobre la regularización fiscal tras la detección de facturas dudosas?
- ¿A qué se debe la discrepancia entre la versión defendida en noviembre y la actuación ante Hacienda en diciembre?
Hasta el momento, Acciona mantiene que las autoliquidaciones no suponen la aceptación de que los servicios no se hayan prestado y remite a sus comunicados oficiales para cualquier aclaración adicional.
Conclusiones: una crisis de confianza y transparencia
La gestión comunicativa y de cumplimiento de Acciona en el ‘caso Cerdán’ ha dejado más preguntas que respuestas. La coexistencia de versiones opuestas en un corto periodo de tiempo, la falta de explicaciones sobre las auditorías y la gestión discrecional de la información relevante ante el regulador alimentan la desconfianza sobre la eficacia de sus controles internos y su compromiso con la transparencia.
Si bien la actuación de Acciona no supone necesariamente una infracción legal en materia de información privilegiada, la percepción pública y la confianza de los inversores pueden verse afectadas por la falta de coherencia y claridad en sus explicaciones. El caso sigue abierto y, a la espera de nuevas informaciones o resoluciones judiciales, persisten las dudas sobre la fiabilidad de los sistemas de control y la veracidad de las comunicaciones de una de las mayores compañías del país.
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