Venezuela aprueba una nueva Ley de Minas que abre la explotación del subsuelo al capital privado y extranjero
El Parlamento venezolano, dominado por el oficialismo, aprobó este jueves una nueva Ley de Minas que permite la entrada de capital privado y extranjero en la explotación de los recursos minerales del país. La decisión llega en un contexto de acercamiento diplomático entre Caracas y Washington, así como en medio de renovados intereses estadounidenses en los recursos naturales venezolanos.
Una reforma que marca un cambio de rumbo
La nueva normativa, compuesta por 131 artículos, fue sancionada por unanimidad tras un mes de debates y consultas. Con su aprobación, se deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, instaurada bajo el mandato de Hugo Chávez, quien entonces contaba con poderes especiales otorgados por la Asamblea Nacional.
Este cambio legal se suma a la reciente reforma de la ley de hidrocarburos y responde, en parte, a la política de apertura impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La ley se da en un momento en que las relaciones con la administración de Donald Trump muestran signos de distensión, con visitas de altos funcionarios estadounidenses a Caracas y un renovado interés en el petróleo y el oro venezolanos.
Principales disposiciones de la Ley de Minas
- Permite la entrada de capital privado y extranjero en la explotación de minerales.
- Establece mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos.
- Fija el pago de regalías al Estado de hasta un 13%, cuyos parámetros serán determinados por el Ministerio de Minas. Según el artículo 92, el Estado podrá exigir los pagos “en dinero o en especie”.
- Otorga al Banco Central de Venezuela derecho preferente para la compra de oro durante los primeros cinco días posteriores a su extracción.
- Las concesiones tendrán una vigencia inicial de 30 años, prorrogables hasta dos veces por períodos adicionales de 10 años cada uno.
- Prohíbe a funcionarios del Estado y sus familiares participar en sociedades mineras o cooperativas relacionadas durante cinco años tras dejar el cargo.
- Prevé penas de 10 a 15 años de prisión para quienes desarrollen actividades mineras en áreas bajo protección ambiental especial.
Reacciones oficiales y designaciones clave
Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada el pasado 5 de enero tras la crisis generada por la operación militar estadounidense que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, celebró la aprobación de la ley. En un mensaje difundido por Telegram, subrayó que la normativa moderniza el sector minero, fortalece la seguridad jurídica e impulsará la minería nacional.
El Parlamento también designó a Larry Davoe como fiscal general y a Eglée González como defensora del Pueblo, en una sesión marcada por la aprobación de reformas estructurales.
Movilizaciones sociales y demandas laborales
La aprobación de la Ley de Minas coincidió con masivas protestas de trabajadores en varias ciudades del país. Las movilizaciones exigieron el aumento del salario mínimo mensual, que permanece congelado desde 2022 y que actualmente equivale a solo 27 centavos de dólar según la tasa oficial.
En Caracas, la Policía impidió que una marcha de trabajadores llegara al Palacio Presidencial de Miraflores, dispersando a los manifestantes con gas pimienta y empleando la fuerza. Según la ONG Foro Penal, al menos un militante del partido opositor Primero Justicia fue detenido, en el contexto de un proceso de amnistía que ya ha reportado más de 8.000 sobreseimientos. Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció agresiones contra 10 periodistas durante las manifestaciones.
En contraste, una marcha de simpatizantes chavistas llegó sin incidentes a la sede presidencial.
Perspectivas y próximos pasos
Los sindicatos han anunciado una nueva concentración para el 17 de abril, cuando planean entregar una carta a la Embajada de Estados Unidos, con copia al presidente Donald Trump, para denunciar la situación socioeconómica del país. José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, cuestionó el sentido de la transición política que se vive en Venezuela y exigió respuestas a la comunidad internacional.
La nueva Ley de Minas representa un giro significativo en la política económica venezolana, abriendo el sector minero al capital privado y extranjero en un momento de estrechamiento de lazos con Estados Unidos y de persistentes demandas sociales por mejores condiciones laborales y salariales.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
