Trump y la tensión con el Ejército de EE.UU.: El caso Mark Kelly y la obediencia a órdenes inconstitucionales
La investigación abierta contra el senador demócrata y exmilitar Mark Kelly, acusado de incitar a la desobediencia por recordar que los soldados pueden rechazar órdenes ilegales, ha encendido las alarmas sobre la relación entre la Casa Blanca y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este episodio, que podría desembocar en un consejo de guerra, pone en evidencia el delicado equilibrio entre la autoridad presidencial y los principios constitucionales que rigen la conducta militar.
Un conflicto en el corazón de la democracia
El principio de que los soldados no están obligados a acatar órdenes ilegales está consagrado en el Código Uniforme de Justicia Militar y forma parte esencial de la formación de cualquier cadete. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha visto en este recordatorio de Kelly un obstáculo para sus planes de control institucional, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2026, donde los republicanos se juegan sus ajustadas mayorías en el Congreso.
Reconfiguración del Pentágono y control de las Fuerzas Armadas
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha promovido una purga en los altos mandos del Pentágono, reemplazando figuras clave por perfiles alineados con su visión política. Pete Hegseth, actual secretario de Defensa, ha encabezado la campaña para suprimir voces críticas y restringir el acceso de la prensa, provocando incluso la salida de grandes medios del Departamento de Defensa ante la negativa de convertirse en instrumentos de propaganda presidencial.
En octubre, durante una reunión de altos mandos militares en la base de Quantico, Trump puso a prueba la lealtad de los uniformados sugiriendo convertir las ciudades en “campos de entrenamiento” militar, una referencia que incomodó visiblemente a los presentes. La resistencia del Ejército a abandonar su tradicional neutralidad política ha sido motivo de preocupación para el mandatario, decidido a consolidar su control sobre las Fuerzas Armadas.
El caso Kelly como advertencia
La investigación contra Mark Kelly, motivada por un vídeo en el que siete congresistas demócratas recordaron el deber de rechazar órdenes ilegales, se interpreta como un mensaje de advertencia para el estamento militar. Trump y Hegseth buscan convertir el caso en un ejemplo que disuada a los soldados de desafiar al comandante en jefe, incluso si sus órdenes contravienen la Constitución. El presidente ha calificado públicamente el acto de Kelly como “sedición”, llegando a sugerir la pena de muerte como castigo.
Precedentes y temores de una escalada
La posibilidad de que Trump recurra al Ejército para influir en procesos electorales no es una mera especulación. En el pasado, ha desplegado reservistas de la Guardia Nacional y, en ocasiones excepcionales, efectivos de los marines en ciudades como Los Ángeles, incluso en ausencia de disturbios graves. El mandatario ha amenazado reiteradamente con invocar la Ley de Insurrección, que le permite movilizar tropas dentro del territorio estadounidense.
La experiencia del asalto al Capitolio en enero de 2020, cuando Trump alentó a sus seguidores a tomar el Congreso tras denunciar un supuesto fraude electoral, ha marcado un precedente inquietante. En las presidenciales de 2024, el entonces candidato preparó el terreno para impugnar los resultados en caso de derrota, aunque finalmente fue declarado vencedor frente a Kamala Harris. El temor a un nuevo episodio de violencia o a la manipulación de los resultados electorales se mantiene latente, especialmente ante la posibilidad de que los demócratas recuperen alguna de las cámaras legislativas.
El mensaje a los militares y el futuro institucional
En este clima de tensión, el vídeo difundido por Kelly y otros congresistas, recordando el deber de los militares de rechazar órdenes inconstitucionales, ha sido recibido por la administración Trump como una afrenta directa. El intento de utilizar el caso como escarmiento pone en entredicho la independencia de las Fuerzas Armadas y plantea serias dudas sobre el respeto a los límites constitucionales en el ejercicio del poder presidencial.
- ¿Hasta dónde podrá llegar la presión política sobre los militares?
- ¿Resistirán las instituciones la tentación de convertirse en herramientas partidistas?
- ¿Qué impacto tendrá esta tensión en las próximas elecciones?
El desenlace de la investigación contra Mark Kelly y la actitud del Ejército ante posibles órdenes inconstitucionales serán determinantes para el futuro de la democracia estadounidense y la salud de sus instituciones.
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