Trump ordena la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un lujoso salón de baile
El presidente Donald Trump ha dado un paso sin precedentes al ordenar la demolición completa del ala este de la Casa Blanca, con el objetivo de edificar un nuevo y ostentoso salón de baile valorado en 300 millones de dólares. La decisión, ejecutada de manera unilateral y sin previo aviso, ha generado una ola de controversia tanto por su impacto arquitectónico como por su significado político.
Destrucción histórica y secretismo en las obras
El jueves al mediodía, solo una sección del corredor oriental que conectaba el ala este con el resto de la Casa Blanca permanecía en pie, según imágenes obtenidas por The Washington Post. La administración ha extremado las medidas de seguridad, manteniendo alejados a medios de comunicación y curiosos, mientras avanzan las obras que darán paso al ambicioso proyecto personal de Trump.
El ala este, históricamente utilizada para las oficinas de la primera dama y un cine privado, dejará paso a un salón de baile de más de 8.000 metros cuadrados. Los primeros bocetos revelan una sala de estilo rococó, inspirada claramente en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, con grandes lámparas doradas y techos ornamentados en tonos dorados. Además, el nuevo espacio contará con ventanas blindadas, reforzando el carácter exclusivo y seguro del recinto.
Un proyecto polémico y de marcado carácter personalista
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impulsado una serie de reformas estéticas en la Casa Blanca, dotándola de una impronta personal y lujosa. El Despacho Oval ha sido recargado con retratos y adornos dorados; el Rose Garden, tradicionalmente un jardín, se ha transformado en una terraza asfaltada al estilo de las mansiones de Florida; e incluso se han colocado retratos de todos los presidentes, excepto Joe Biden, cuyo espacio ha sido ocupado por un autopen, en tono irónico respecto a acusaciones sobre su autenticidad como mandatario.
El nuevo salón de baile no solo destaca por su tamaño y opulencia, sino por el aumento de su capacidad, que pasó de 650 a 999 personas, y por la falta de transparencia en su planificación. Inicialmente, Trump aseguró que la obra sería respetuosa con la estructura original, pero finalmente optó por una demolición total, contradiciendo sus declaraciones previas.
Reacciones y justificaciones oficiales
Durante una rueda de prensa, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, justificó el cambio de planes alegando recomendaciones técnicas de arquitectos y constructoras. Según la administración, la demolición era imprescindible para garantizar la modernidad y estabilidad del nuevo edificio. Sin embargo, la falta de consulta y el carácter precipitado de la decisión han suscitado interrogantes sobre la legalidad y legitimidad de la obra.
El propio Trump, en una mesa redonda posterior, defendió su experiencia como empresario inmobiliario y prometió «donar lo que haga falta» para completar el proyecto, financiado en gran parte mediante donaciones privadas. El presupuesto inicial de 200 millones de dólares se ha elevado a 300 millones, reflejando el crecimiento y la ambición del proyecto.
Donantes y apoyos del sector privado
El macroproyecto ha atraído importantes donaciones de empresas tecnológicas y grandes fortunas. Entre los contribuyentes se encuentran Amazon, Apple, Gemini y numerosos magnates, incluidos Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates, así como inversores y empresarios influyentes de distintos sectores. La lista de donantes, difundida por la administración, evidencia la relevancia política y económica de la nueva obra.
- Konstantin Sokolov, inversor internacional
- Harold Hamm, magnate del petróleo
- Kelly Loeffler y Jeff Sprecher, figuras clave del sector financiero
- Benjamín León, empresario y nuevo embajador de Estados Unidos en España
La construcción del salón de baile se percibe como una nueva vía para ganar el favor del presidente, en línea con anteriores gestos de apoyo empresarial y nominaciones internacionales.
Preocupaciones legales y patrimoniales
La rapidez con la que se ha ejecutado la demolición ha dejado en evidencia la ausencia de procedimientos legales adecuados. El proyecto aún no cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, entidad responsable de las regulaciones sobre edificios gubernamentales en Washington D.C.
El Fondo Nacional para la Preservación Histórica intentó sin éxito frenar la demolición, advirtiendo que el nuevo salón de baile, con sus 8.400 metros cuadrados, superará en tamaño a la propia residencia ejecutiva, que cuenta con unos 5.000 metros cuadrados. Diversos legisladores demócratas han expresado su preocupación por el impacto y el simbolismo de la destrucción, subrayando la gravedad de alterar uno de los edificios más emblemáticos del país.
Un símbolo en disputa
La transformación del ala este de la Casa Blanca en un espacio privado y lujoso bajo la dirección de Trump ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial y la preservación del patrimonio histórico estadounidense. Mientras avanza la construcción, la polémica sobre el futuro uso de este espacio y sus implicaciones políticas continúa creciendo, reflejando una vez más la profunda polarización que vive Estados Unidos.
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