Tres ex altos cargos de Ayuso, investigados por el ‘caso residencias’: las claves del debate en Madrid

Cuatro claves para entender el ‘caso residencias’ que sigue marcando el debate en Madrid

Tres antiguos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) están citados a declarar esta semana como investigados por presunta denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, en el marco del conocido como ‘caso residencias’. La causa, impulsada por asociaciones de familiares de víctimas, vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en los centros de mayores.

¿Quiénes son los investigados y por qué se reabre el caso?

Los citados a declarar son Carlos Mur de Víu, quien firmó el polémico protocolo que restringía el traslado de residentes a hospitales y ocupaba la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020; Francisco Javier Martínez Peromingo, principal arquitecto del protocolo y sucesor de Mur en el cargo; y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, encargado de la gestión de ambulancias públicas durante la emergencia sanitaria.

Este martes 9 de diciembre deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, en una causa impulsada por la familia de una residente en Amavir Valdebernardo. Al día siguiente, acudirán al Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, relacionado con otra querella presentada por un familiar de la residencia Sanitas Torrelodones. También están siendo investigados médicos geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro.

1. Un cambio de enfoque judicial: del homicidio a la denegación de asistencia

Desde mayo de 2020, las primeras querellas de familiares de víctimas —coordinadas por asociaciones como Marea de Residencias— se dirigieron contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, entre otros, por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Sin embargo, los tribunales centraron las investigaciones en directores y personal médico de residencias, archivando la mayoría de los casos por falta de pruebas que relacionaran directamente la gestión con los fallecimientos.

En octubre de 2024, 109 familias presentaron una denuncia colectiva por un nuevo delito: denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, recogido en el artículo 511.1 del Código Penal. Este cambio permitió reabrir causas en al menos ocho juzgados de la Comunidad de Madrid y ha llevado a la imputación de ex altos cargos del Gobierno regional, que no cuentan con aforamiento.

2. El ‘protocolo de la vergüenza’ y la clave discriminatoria

A diferencia de delitos como el homicidio, la denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria no exige demostrar una relación causal entre la gestión y el fallecimiento de los residentes. Basta con acreditar que se negó la atención sanitaria en función del estado de dependencia o deterioro cognitivo de los afectados.

Según las asociaciones de familiares, el protocolo de marzo de 2020 vetó el traslado de miles de residentes de centros de mayores a hospitales públicos, lo que consideran una discriminación basada en su situación de salud y dependencia. La denuncia sostiene que la negativa a prestar asistencia se produjo en cuatro ámbitos:

• No medicalizar las residencias, pese a disponer de recursos.
• No derivar a los residentes a hospitales públicos, siguiendo el protocolo.
• No trasladar a los afectados al hospital de campaña de Ifema.
• No derivar a hospitales privados, salvo a quienes contaran con seguro médico privado.

3. Nuevas pruebas y documentación inédita

La denuncia colectiva, de 160 páginas, se acompaña de 60 documentos, entre los que figuran distintas versiones del protocolo y actas de inspecciones policiales en residencias, así como informes internos inéditos del Gobierno regional. Estos informes reflejan, día a día, la situación de los 475 geriátricos de la Comunidad de Madrid durante los meses más críticos de la pandemia, incluyendo datos sobre contagios, personal afectado y necesidades detectadas.

Las asociaciones señalan que cada día la Consejería de Políticas Sociales elaboraba dos informes —uno para las 25 residencias de gestión pública y otro para las 450 privadas— que remitía a la Consejería de Sanidad, responsable de tomar decisiones para atajar la crisis. Los familiares han aportado al proceso judicial varios de estos informes y han solicitado que se requiera al Ejecutivo autonómico toda la documentación generada durante ese periodo, con el objetivo de esclarecer el alcance de la gestión y el presunto abandono sanitario sufrido por los residentes.

4. Evolución de la actuación judicial y de la Fiscalía

En los primeros compases de la investigación, las asociaciones de familiares denunciaron la «pasividad» de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y la falta de una investigación exhaustiva sobre las decisiones políticas y administrativas tomadas por el Gobierno de Ayuso. Un informe de Amnistía Internacional, publicado en enero de 2022, respaldó estas críticas y subrayó que las autoridades no habían cumplido con su deber de investigar adecuadamente las posibles vulneraciones del derecho a la vida en las residencias.

Sin embargo, recientemente la Fiscalía ha adoptado una actitud más activa, solicitando la reapertura de causas previamente archivadas y reclamando que los autores del protocolo y quienes lo firmaron declaren como investigados. Las asociaciones consideran que este cambio es un primer paso decisivo para esclarecer la verdad y hacer justicia para las víctimas de las residencias durante la primera ola de la pandemia en Madrid.

Conclusión

El ‘caso residencias’ sigue siendo uno de los asuntos más sensibles y polémicos en la política madrileña. Las nuevas iniciativas judiciales y la presentación de pruebas inéditas podrían suponer un antes y un después en la investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria en los centros de mayores, poniendo el foco en la posible responsabilidad de altos cargos del Gobierno regional. La actuación de la Fiscalía y la respuesta de los juzgados en las próximas semanas serán determinantes para esclarecer lo sucedido y dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de las familias afectadas.