Teresa Peramato debuta al frente de la Fiscalía General del Estado evitando la prisión provisional para Leire Díez
La llegada de Teresa Peramato al mando de la Fiscalía General del Estado ha estado marcada por una controvertida decisión: la Fiscalía no solicitó prisión provisional para Leire Díez, exmilitante socialista y figura clave en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha evitado su ingreso en prisión tras su reciente detención en el marco de la denominada ‘Operación Leire’.
Contexto de la operación y detenciones
Leire Díez fue arrestada esta semana junto a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar. Los tres comparecieron ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Antonio Piña.
La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se aceleró tras detectar que uno de los implicados sospechó del operativo policial, lo que elevó el riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, tras pasar tres días bajo custodia, la Fiscalía Anticorrupción, representada por Elisa Lamelas, solo solicitó como medidas cautelares la obligación de comparecer en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.
Decisión fiscal bajo escrutinio
Fuentes jurídicas consultadas por diversos medios sostienen que la solicitud de libertad provisional para Díez representa la “carta de presentación” de Peramato al frente de la Fiscalía, considerando que la decisión contribuye a proteger al Ejecutivo de Pedro Sánchez de posibles revelaciones comprometedoras. Las mismas fuentes señalan que Díez, tras varios días en los calabozos de la Guardia Civil, habría estado en una situación anímica delicada y su ingreso en prisión podría haberla llevado a desvelar información sensible acerca del Gobierno.
- Según los expertos, existe una contradicción en el hecho de que se acordara la detención de los investigados por riesgo de destrucción de pruebas, y que, apenas 72 horas después, se considerase suficiente con medidas cautelares menos restrictivas.
- La instrucción judicial se ha visto limitada por la posición del Ministerio Público, ya que la Fiscalía era la única acusación personada y el juez no pudo decretar la prisión provisional en ausencia de petición fiscal.
Implicaciones políticas y administrativas
El caso tiene especial relevancia política, ya que implica a altos cargos y a organismos públicos como la SEPI, Correos, Enusa, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica. La gravedad de los delitos investigados—prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal—ha generado preocupación ante la actuación de la Fiscalía.
Fuentes jurídicas subrayan que, ante la trascendencia de la causa, la toma de decisiones requiere la denominada “dación de cuenta” al fiscal general del Estado, procedimiento que garantiza que las resoluciones relevantes sean comunicadas y, en su caso, autorizadas en los niveles más altos del Ministerio Público.
Situación procesal de los investigados
El sábado, durante la comparecencia judicial, ni Leire Díez ni Antxon Alonso prestaron declaración ante el juez, amparándose en el secreto de sumario y argumentando desconocimiento de los hechos concretos que se les imputan, así como la imposibilidad de preparar su defensa con sus abogados. Por su parte, Vicente Fernández sí compareció y negó su implicación en los delitos atribuidos, aunque reconoció haber trabajado en la empresa Servinabar, presunta canalizadora de comisiones ilegales.
De acuerdo con el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los fiscales deben informar al fiscal general del Estado de los hechos de especial importancia, lo que refuerza la hipótesis de una intervención directa de Teresa Peramato en esta decisión.
Conclusiones y repercusiones
La decisión de la Fiscalía de no solicitar prisión provisional ha sido interpretada como una maniobra que beneficia al Gobierno en un caso de gran repercusión mediática y política. Mientras la investigación sigue su curso, la gestión de Teresa Peramato al frente de la Fiscalía General del Estado se enfrenta a su primer gran escrutinio público, en un contexto donde la transparencia y la independencia judicial están en el centro del debate.
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