Sumar se desmarca de Sánchez y rechaza los incentivos fiscales para propietarios en vivienda

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Sumar rechaza las nuevas propuestas de Sánchez en materia de vivienda: críticas a los incentivos fiscales para propietarios

Las recientes medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda han generado una fuerte oposición dentro de los partidos que conforman el espacio de la izquierda. Sumar, a través de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su rechazo a los incentivos fiscales dirigidos a los propietarios que mantengan los precios de los alquileres, calificando estas medidas como un “grave error” y una forma de “regalar dinero público a los rentistas”.

Incentivos fiscales a los caseros: el núcleo de la polémica

Entre las propuestas del Gobierno se incluye una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que renueven los contratos de alquiler sin aumentar el precio a sus inquilinos. Para Yolanda Díaz, esta fórmula representa un uso inadecuado de los recursos públicos y no cuenta con el respaldo de Sumar. “La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”, enfatizó la vicepresidenta en sus redes sociales.

En la misma línea, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, recordó que hace tres meses ya presentaron un decreto-ley para prorrogar los alquileres e intervenir el mercado, una propuesta que, según Hernández, el PSOE no ha querido negociar. “El PSOE vuelve a dar con la fórmula equivocada: dar regalos fiscales a los caseros y a los rentistas”, lamentó.

Críticas desde el espacio de Sumar y el Gobierno

El rechazo a las medidas no ha quedado solo en el entorno de Yolanda Díaz. Desde el grupo parlamentario de Sumar, el portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, aseguró que el real decreto-ley planteado por Sánchez está enfocado en los intereses de los rentistas y reiteró el rechazo de su formación. Según Ibáñez, la única vía aceptable sería frenar la renovación masiva de contratos que podría suponer subidas de alquileres de hasta un 40% para cerca de 600.000 personas, poniendo en riesgo la “seguridad y el bienestar de la mayoría de familias”.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también se pronunció en contra señalando que la prórroga de los alquileres no debe ser “una opción ni un premio a los caseros”, sino un derecho de los inquilinos. Por su parte, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, subrayó que el objetivo de las políticas de vivienda debe ser garantizar los derechos de los inquilinos y combatir la burbuja especulativa, afirmando que “las ventajas fiscales a los caseros van en la dirección contraria”.

Podemos endurece el tono: “Las calles tienen que arder”

Podemos, por su parte, ha mostrado una postura aún más crítica. La eurodiputada Irene Montero acusó al Gobierno de priorizar los intereses de los rentistas sobre los de la ciudadanía. Montero aseguró que la actual política de vivienda “no tiene perdón” y llamó a la movilización social: “Las calles tienen que arder”. Según la eurodiputada, el Ejecutivo podría bajar el precio de los alquileres por ley, impedir la compra de viviendas a no residentes y limitar la proliferación de pisos turísticos, pero ha optado por medidas que, a su juicio, sólo benefician a los propietarios.

Desde la formación morada advierten que los “regalos fiscales” terminan repercutiendo en quienes más dificultades atraviesan para llegar a fin de mes. Por ello, Podemos ha confirmado que votará en contra de las medidas cuando lleguen al Parlamento, instando al Gobierno a actuar de manera efectiva para reducir el precio de los alquileres.

Principales argumentos de Sumar y Podemos

  • El derecho a la vivienda debe estar por encima de los incentivos fiscales a los propietarios.
  • Las políticas propuestas favorecen a los rentistas y no afrontan la emergencia habitacional de los inquilinos.
  • Proponen la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler como un derecho y no como una opción para los caseros.
  • Reclaman medidas más contundentes como la limitación de precios, la intervención del mercado y el control de la vivienda turística.

Un debate abierto sobre el futuro de la política de vivienda

El debate sobre la vivienda en España se intensifica con las nuevas propuestas del Gobierno y la firme oposición de sus socios parlamentarios. Mientras el Ejecutivo defiende los incentivos fiscales como un mecanismo para contener los precios y dar estabilidad al mercado, Sumar y Podemos insisten en que la prioridad debe ser la protección de los inquilinos y la intervención directa en el mercado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

El desenlace de esta controversia marcará el rumbo de las políticas públicas en un ámbito clave para millones de familias en el país.

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