Sumar impulsa una ley para reforzar la protección del derecho al aborto frente al acoso en las clínicas
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una nueva Proposición de Ley Orgánica en el Congreso con el objetivo de garantizar la protección del derecho al aborto en España. La iniciativa, liderada por Yolanda Díaz, busca blindar este derecho en la Constitución y asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo sea un proceso «efectivo, libre de coacciones y sin interferencias indebidas».
Refuerzo de la protección penal ante el acoso
Sumar solicita que se refuercen las medidas penales contra cualquier conducta que pueda resultar disuasoria, culpabilizadora o intimidatoria para quienes acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. La formación subraya la necesidad de que la protección frente al acoso no dependa del número de personas implicadas, sino que cualquier intento de obstaculizar el derecho al aborto pueda ser considerado delito, independientemente de si se trata de un grupo numeroso o de un individuo.
Medidas propuestas en la ley
La proposición de Sumar contempla varias medidas clave para proteger a las mujeres y a los profesionales de los centros de salud reproductiva:
- Prohibición de concentraciones: Se prevé la prohibición de realizar concentraciones, manifestaciones o cualquier otro acto en un radio de 200 metros alrededor de las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo.
- Restricciones adicionales: El texto legislativo también propone la posibilidad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares físicos o entornos digitales a quienes participen en actos de acoso, por un periodo de entre seis meses y tres años.
Objetivo: un derecho efectivo y sin coacciones
Con esta iniciativa, Sumar pretende consolidar el derecho al aborto en España y ofrecer garantías legales que eviten cualquier interferencia o intimidación, tanto hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como hacia los profesionales que prestan este servicio. La formación insiste en la necesidad de que el ejercicio de este derecho sea plenamente efectivo y esté protegido ante cualquier forma de presión o acoso.
La proposición de ley se encuentra ahora en trámite parlamentario, donde será debatida y votada por el resto de grupos políticos.
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