Solo 12 millones recuperados en bienes incautados por corrupción desde 2017
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), entidad dependiente del Ministerio de Justicia, ha recuperado únicamente 12,7 millones de euros en bienes relacionados con la corrupción desde 2017, a pesar de gestionar un volumen total de 187,7 millones de euros en activos incautados en la última década. Así lo reflejan los datos oficiales recientemente divulgados, en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar la acción de este organismo a través de una nueva ley de integridad pública.
Una década de gestión de bienes incautados
La ORGA fue creada hace diez años con el objetivo de mejorar la administración y recuperación de bienes, instrumentos y ganancias procedentes de delitos como el narcotráfico, la corrupción, el fraude o el terrorismo. El organismo surgió para corregir las deficiencias del sistema anterior, que dejaba la gestión de estos activos en manos de los órganos judiciales, provocando a menudo depreciación, elevados gastos de almacenamiento y dificultades para su venta.
Este cambio se produjo tras la trasposición de una directiva europea que exigía a los Estados miembros crear oficinas especializadas para garantizar la adecuada gestión de los bienes incautados por delitos graves. Desde entonces, la ORGA ha centrado sus esfuerzos no solo en castigar a los responsables de estos delitos, sino también en recuperar los activos ilícitos, indemnizar a las víctimas y apoyar proyectos sociales vinculados a la lucha contra la criminalidad organizada.
Resultados financieros y limitaciones en casos de corrupción
Desde su creación, la ORGA ha ingresado 187,7 millones de euros por la gestión de activos incautados, siendo el año 2025 el de mayor saldo positivo, con 148,6 millones en cuentas. Sin embargo, los ingresos relacionados directamente con casos de corrupción representan solo el 6,8% del total, con 12,7 millones de euros recuperados entre 2017 y 2025.
En 2024, la oficina sumó 38,4 millones de euros, la cifra anual más alta de su historia, aunque solo 1,8 millones correspondían a expedientes vinculados a corruptelas. Este bajo porcentaje se explica, en parte, porque la mayoría de los activos gestionados por la ORGA proceden de delitos como el narcotráfico o el robo organizado, mientras que los bienes incautados por corrupción suelen ser menos numerosos y de naturaleza distinta, predominando los objetos físicos sobre el dinero en efectivo.
Gestión eficiente y destino de los bienes
Tradicionalmente, la venta o subasta de bienes incautados se retrasaba hasta la conclusión de los procedimientos judiciales, lo que generaba depreciación y costes adicionales. En la actualidad, la ORGA apuesta por una gestión anticipada para optimizar el valor de los activos y evitar pérdidas. No obstante, los fondos permanecen bajo custodia de la oficina hasta que se determina su destino final una vez terminado el proceso judicial.
El dinero resultante de delitos ajenos al narcotráfico se utiliza parcialmente para financiar la lucha contra la criminalidad organizada y atender a las víctimas, mientras que los bienes decomisados por delitos de drogas alimentan un fondo específico gestionado por el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre Drogas.
¿Qué tipo de bienes gestiona la ORGA?
La ORGA ha administrado bienes derivados de 4.089 causas entre 2016 y 2025. La corrupción apenas representa una fracción de estos expedientes: en total, solo 29 casos han estado vinculados a delitos de cohecho, malversación, prevaricación o corrupción en los negocios en dicho periodo. En 2025, únicamente tres de más de seiscientas causas estuvieron relacionadas con la corrupción.
- Piezas de joyería o relojería: 16.656 elementos gestionados.
- Vehículos (coches y motos): 4.830 unidades.
- Antigüedades y obras de arte: 4.112 piezas.
- Inmuebles: 1.960 propiedades.
- Embarcaciones: Cerca de 500 unidades.
- Armas y aeronaves: 56 armas y una aeronave.
La gestión y liquidación de estos bienes se realiza mediante ventas y subastas, como ocurrió recientemente con los vehículos embargados al empresario Víctor de Aldama, implicado en un caso de corrupción. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no especifica qué proporción de estos activos está asociada específicamente a delitos de corrupción.
Perspectivas futuras y retos pendientes
El Gobierno busca fortalecer la ORGA mediante la futura ley orgánica de integridad pública, que prevé la creación de juzgados especializados y una agencia de vigilancia de lobbies, además de reformas para agilizar la localización, liquidación y gestión de bienes derivados de delitos económicos.
Pese a estas medidas, la recuperación de activos procedentes de la corrupción sigue siendo limitada en comparación con otros delitos. Las autoridades insisten en la importancia de una gestión eficiente desde el inicio de los procedimientos judiciales para maximizar la recuperación y el impacto social de los bienes incautados, en línea con los estándares europeos e internacionales.
La ORGA continuará desempeñando un papel central en la lucha contra la criminalidad económica y organizada, aunque los datos muestran que, en el ámbito de la corrupción, aún queda un largo camino por recorrer en materia de recuperación efectiva de activos.
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