Un contrato a dedo de 250.000 euros y presuntas coacciones: el caso que puede sentar en el banquillo al presidente del Consell de Ibiza
La Audiencia Provincial de Palma ha reabierto la investigación judicial contra Vicente Marí, presidente del Consell Insular de Ibiza y miembro del Partido Popular (PP), por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato público por valor de 250.000 euros. El caso, que involucra también presuntas coacciones a la interventora general del Consell, María Ana Tur, podría llevar al máximo responsable insular a enfrentarse a un juicio oral en los próximos meses.
Reapertura del caso por la Audiencia Provincial
La causa, inicialmente archivada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza en 2022, fue reactivada a finales de diciembre de 2025 tras estimar parcialmente los recursos presentados por la propia interventora y por el PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento. La Fiscalía, sin embargo, ha mantenido su postura contraria a la apertura de juicio, considerando insuficientes los indicios penales.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial ordenó continuar la investigación sobre la adjudicación del contrato, aunque excluyó la parte relativa a la utilización del procedimiento de emergencia, al considerar que su naturaleza es contencioso-administrativa. No obstante, instó a profundizar en las circunstancias que rodearon la concesión del contrato y en las denuncias de María Ana Tur sobre presuntas presiones recibidas.
Detalles del contrato bajo sospecha
Los hechos investigados se remontan a 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el Consell Insular de Ibiza adjudicó mediante decreto un contrato de 249.018 euros a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. para la producción de un vídeo promocional de la isla. El procedimiento se llevó a cabo sin concurso público, amparándose en la emergencia sanitaria declarada por el estado de alarma.
La interventora general, María Ana Tur, emitió en agosto de ese año un informe en el que objetaba el pago de las facturas asociadas al contrato, alegando la existencia de «numerosas irregularidades» y solicitando la nulidad del procedimiento. Sin embargo, Vicente Marí levantó la objeción mediante un nuevo decreto, desestimando las advertencias de la interventora y cuestionando su actuación.
La empresa adjudicataria, Fuera de Escena Ibiza S.L., tenía como administradora única a Miriam Juan Sánchez, exconcejala del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, quien coincidió con Marí en el consistorio entre 2007 y 2011.
Investigación de la Oficina Anticorrupción y traslado a Fiscalía
La adjudicación fue objeto de investigación por parte de la ya desaparecida Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, que detectó indicios de posible delito y remitió el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Illes Balears. El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Vicente Marí por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora.
- Prevaricación: por presuntas irregularidades en la adjudicación.
- Tráfico de influencias: por la posible existencia de vínculos personales con la empresa adjudicataria.
- Coacciones: por presuntas presiones ejercidas sobre la interventora general.
Decisiones judiciales enfrentadas
Tras casi tres años de diligencias, que incluyeron el análisis de contratos, facturas, documentos legales y testimonios, el juez instructor decidió archivar provisionalmente la causa, argumentando que las conductas observadas podrían tener relevancia administrativa o civil, pero no penal. Esta decisión fue respaldada por la Fiscalía.
Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó ese archivo, señalando que, a diferencia de otros contratos similares, en este caso no existió suficiente control administrativo sobre Fuera de Escena Ibiza S.L. Los magistrados destacaron la existencia de indicios que justifican la continuación del procedimiento, especialmente por la posible influencia de relaciones personales en la adjudicación.
Presuntas coacciones y lesiones psicológicas
Además de las supuestas irregularidades administrativas, la Audiencia Provincial considera que tampoco pueden archivarse las acusaciones de coacciones y lesiones psicológicas a María Ana Tur. El tribunal señala que la declaración de la interventora está respaldada por informes médicos y diversas conversaciones y mensajes, cuya valoración deberá dirimirse en el juicio oral.
Según el auto judicial, desde finales de 2019 Vicente Marí habría dificultado el nombramiento de María Ana Tur como interventora titular y habría pronunciado frases y mensajes que podrían haber coartado su libertad y generado malestar psicológico, especialmente tras las discrepancias sobre la legalidad de tramitar el contrato de publicidad mediante el procedimiento de emergencia.
Posibles consecuencias penales
Actualmente, la instrucción se encuentra en una fase decisiva. La defensa de María Ana Tur solicita seis años de prisión y una multa de 500.000 euros para Marí, mientras que el PSOE reclama un año de cárcel, doce de inhabilitación y la misma multa, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La decisión sobre la apertura de juicio oral está pendiente.
Desde el Partido Popular de Baleares se resalta que tanto la Fiscalía como el juez instructor han solicitado el archivo del caso y subrayan la plena disposición de Vicente Marí a colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos.
Contexto y repercusión
El caso pone bajo el foco la transparencia y el control en la gestión de contratos públicos durante situaciones excepcionales como la pandemia, así como los posibles conflictos de intereses derivados de relaciones personales entre cargos públicos y empresas contratistas. La resolución final del proceso podría sentar un precedente en la administración pública balear.
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