Sira Rego se desmarca de la ley de violencia vicaria por no atender las demandas del movimiento feminista
El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, ha decidido desvincularse del proceso de elaboración de la futura ley de violencia vicaria. Esta decisión responde a la negativa del Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, de incorporar las propuestas y advertencias realizadas por Juventud e Infancia para garantizar una mayor protección de las víctimas.
Desacuerdo en el seno del Gobierno
La ley de violencia vicaria, impulsada por el Ministerio de Igualdad bajo la dirección de Ana Redondo, continúa generando debate dentro del Ejecutivo. Fuentes de Juventud e Infancia han confirmado que su departamento abandona el grupo de trabajo interministerial encargado de la propuesta legislativa, al considerar que las observaciones fundamentales para reforzar la seguridad jurídica y la protección de las víctimas no han sido tenidas en cuenta.
Desde el Ministerio de Igualdad, sin embargo, aseguran que las negociaciones internas sobre la ley permanecen abiertas y mantienen su voluntad de diálogo con el objetivo de alcanzar una normativa que responda a las expectativas y necesidades de la sociedad.
Demandas clave del movimiento feminista
Las modificaciones solicitadas por Sira Rego se centran en aspectos considerados esenciales por el movimiento feminista, como la definición legal de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho a la escucha de niños, niñas y adolescentes. Estos puntos, según Juventud e Infancia, son imprescindibles para avanzar en la garantía de derechos y la protección efectiva de las víctimas.
- Tipificación de la violencia vicaria: Reclaman una definición más precisa que evite situaciones de desprotección jurídica para las madres protectoras.
- Régimen de visitas y patria potestad: Plantean restricciones que impidan que los agresores mantengan contacto con los hijos e hijas afectados.
- Derecho de escucha para menores: Subrayan la necesidad de asegurar que los niños y adolescentes sean escuchados durante los procesos judiciales y administrativos.
La Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional ha señalado que la redacción actual del proyecto de ley deja en una situación de inseguridad jurídica a las madres que buscan proteger a sus hijos de la violencia. Asimismo, consideran inaceptable que el texto permita que los agresores mantengan contacto con las víctimas menores de edad.
Continúa la negociación de la ley
A pesar de las diferencias, desde el Ministerio de Igualdad se insiste en que el diálogo con el Ministerio de Justicia sigue en marcha para ultimar los detalles del texto legal. La ministra Ana Redondo ha explicado que se están negociando los últimos puntos de la ley orgánica contra la violencia vicaria, cuya aprobación está prevista para la próxima reunión del Consejo de Ministros.
El Ministerio de Juventud e Infancia reitera la urgencia de legislar sobre la violencia vicaria y manifiesta que su intención ha sido siempre la de mejorar el texto normativo para garantizar una protección integral a las víctimas.
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