La Audiencia Nacional condena a seis exalcaldes de Madrid por corrupción en contratos de eficiencia energética del caso ‘Púnica’
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la pieza 6 del caso ‘Púnica’, imponiendo penas de hasta ocho años y dos meses de prisión a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas por prácticas corruptas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, en varios municipios de la Comunidad de Madrid.
- La Audiencia Nacional condena a seis exalcaldes de Madrid por corrupción en contratos de eficiencia energética del caso ‘Púnica’
- Condenas destacadas: David Marjaliza y directivos de Cofely
- Exalcaldes condenados por prácticas corruptas
- Absoluciones y responsabilidad de Cofely
- Fallos en los controles y medidas anticorrupción
- Contexto del caso ‘Púnica’
Condenas destacadas: David Marjaliza y directivos de Cofely
El principal condenado es David Marjaliza, empresario y asesor comercial, que ha recibido una pena de ocho años y dos meses de cárcel. Los delitos atribuidos a Marjaliza incluyen organización criminal, blanqueo de capitales agravado, fraude continuado a la Administración Pública, prevaricación, cohecho continuado y falsedad documental. La sentencia contempla atenuantes como confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
En el ámbito empresarial, los máximos responsables de Cofely también han sido condenados. Didier Roger Maurice, exdirector general, y Constantino Álvarez, exdirector comercial, han sido sentenciados a seis años y seis meses de cárcel por organización criminal, fraude continuado, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pedro García Pérez, quien también ocupó la dirección comercial, enfrenta una condena de seis años y once meses, sumando el delito de tráfico de influencias.
Exalcaldes condenados por prácticas corruptas
La sentencia afecta a varios exalcaldes bajo cuyo mandato se adjudicaron los contratos de eficiencia energética investigados:
- José María Fraile Campos (PSOE, Parla): condenado a dos años de prisión por fraude, prevaricación y cohecho, y a otros cuatro meses y quince días por tráfico de influencias.
- Carlos Alberto Estrada Pita (PP, Moraleja de Enmedio): cuatro años y seis meses de prisión por prevaricación y cohecho.
- Agustín Juárez López de Coca (PP, Villalba): misma condena que Estrada Pita, por fraude, prevaricación y cohecho, con la atenuante de dilaciones indebidas.
- Daniel Ortiz Espejo (PP, Móstoles): tres años de prisión por cohecho y doce meses de multa (20 euros diarios) por revelación de información reservada.
- Antonio Sánchez Fernández (UDMA, Serranillos del Valle): casi tres años de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
- Gonzalo Cubas (PP, Torrejón de Velasco): tres años de inhabilitación especial por prevaricación.
Absoluciones y responsabilidad de Cofely
Por otro lado, la Audiencia ha absuelto de todos los cargos a los exalcaldes de Almendralejo, José García Lobato (PP), y de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), al no haberse acreditado su implicación en los hechos.
La empresa Cofely, como persona jurídica, ha sido condenada a tres años y seis meses de multa, con una cuota diaria de 2.500 euros, por cohecho continuado, y a otros seis meses de multa (también de 2.500 euros diarios) por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Parla. Sin embargo, la compañía ha sido absuelta del delito de blanqueo de capitales.
Fallos en los controles y medidas anticorrupción
Según recoge la sentencia, los empleados de Cofely implicados en la trama delictiva operaron durante tres años involucrando a varios departamentos de la compañía, sin encontrar obstáculos internos. La resolución subraya que las medidas anticorrupción existentes en la empresa resultaron ineficaces, ya que no se implementaron mecanismos efectivos para prevenir y detectar estas prácticas ilícitas.
Contexto del caso ‘Púnica’
El caso ‘Púnica’ es una de las mayores tramas de corrupción investigadas en España, centrada en la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Esta sentencia supone un duro golpe a la corrupción en las administraciones locales y a las prácticas empresariales irregulares en la contratación pública.
La Audiencia Nacional ha marcado un precedente al sancionar tanto a responsables políticos como a directivos empresariales y a la propia empresa, enviando un mensaje de tolerancia cero ante la corrupción en la gestión pública.
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