Seis claves de la sentencia histórica que impulsa el recurso de García Ortiz ante el Constitucional

Las seis claves de una sentencia inédita que allanan el camino al recurso de García Ortiz ante el Constitucional

La sentencia íntegra del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ha visto la luz tras 19 días de espera, desencadenando una intensa polémica en el ámbito judicial y político. El fallo, respaldado por cinco magistrados frente al voto particular de dos juezas progresistas, se apoya en una serie de argumentos que han abierto la puerta a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A continuación, se detallan las seis claves principales que sustentan esta controvertida resolución.

1. La “convergencia de indicios” y la falta de prueba directa

El tribunal reconoce expresamente que no existe una prueba directa que vincule a García Ortiz con la filtración del correo electrónico que contenía la confesión del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la sentencia argumenta que una “convergencia de indicios acreditados” permite señalar al ex fiscal general como responsable de la filtración. Entre estos indicios, los jueces destacan la urgencia en la petición del correo, el acceso al mismo, la llamada posterior de un periodista de la Cadena Ser, el borrado de registros y las sospechas manifestadas por subordinados de García Ortiz.

En este análisis, el tribunal descarta a otros fiscales implicados en la investigación como posibles responsables, y concluye que fue el propio García Ortiz, o alguien de su entorno inmediato con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación. No obstante, la sentencia admite que no pudo identificarse de manera inequívoca a esa persona.

2. Argumentos sobre el acceso generalizado al correo

Uno de los puntos debatidos fue la posibilidad de que el correo hubiera estado accesible para cientos de personas a través de las plataformas judiciales y de la Fiscalía. La sentencia rechaza de plano esta hipótesis, calificándola de acusación grave y poco verosímil sin una mínima prueba. El tribunal subraya la importancia del adecuado funcionamiento de los servicios públicos y la protección de datos, descartando así que terceros ajenos pudieran haber cometido la filtración.

3. Nota de prensa y unidad de acción

García Ortiz asumió la autoría de una nota de prensa emitida para desmentir informaciones que atribuían a la Fiscalía la petición de un pacto al novio de Ayuso, desinformación difundida por medios y actores políticos. Su defensa apeló al deber de los fiscales de perseguir la verdad, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sin embargo, los jueces consideran que la secuencia de hechos contradice la versión de García Ortiz y que la divulgación del correo, sumada a la publicación de la nota, conforman una “unidad de acción” que oficializó la filtración.

4. El valor del testimonio de la fiscal jefa de Madrid

La sentencia otorga plena credibilidad al testimonio de Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, quien manifestó su desacuerdo con la publicación de la nota de prensa y acusó directamente a García Ortiz de la filtración. Según Lastra, la información divulgada atentaba contra la intimidad de terceros y la confidencialidad de las negociaciones entre abogados y fiscales. El tribunal destaca la coherencia y veracidad de Lastra, situando su testimonio por encima del del ex fiscal general.

5. Registros y clonados de dispositivos: posible vulneración de derechos

Uno de los aspectos más controvertidos de la sentencia es la validación de los registros y el clonado de los dispositivos móviles de García Ortiz y de la fiscal Pilar Rodríguez, abarcando ocho meses de mensajes y correos, pese a que los hechos investigados se limitaban a un periodo más breve. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado denunciaron una posible desproporcionalidad en estas medidas, argumentando una injerencia en los derechos fundamentales de los investigados. Este punto podría ser clave en la futura admisión de un recurso de amparo ante el Constitucional.

• La UCO argumentó la imposibilidad técnica de limitar el clonado a los días investigados.
• El material extraído de estos dispositivos resultó esencial para la causa.

6. El borrado de mensajes y la relevancia probatoria

El tribunal recalca el hecho de que García Ortiz eliminara mensajes de su teléfono móvil el día posterior a la apertura formal del procedimiento, calificándolo como un “borrado concienzudo” y doble. Aunque este acto no se considera decisivo por sí solo, sí se le otorga relevancia probatoria, interpretándolo como una posible destrucción estratégica de información comprometida para su defensa.

Los jueces critican, además, que García Ortiz se negara a responder a las preguntas de la acusación, lo que, junto a la eliminación de los registros, refuerza las sospechas sobre su actuación.

Próximos pasos en la defensa de García Ortiz

Tras la publicación de la sentencia, el ex fiscal general del Estado prepara la presentación de un recurso de nulidad ante la misma Sala, aunque se da por hecho que será rechazado. Esto allanaría el camino para la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, donde la defensa podría centrar sus argumentos en la supuesta vulneración de derechos fundamentales, especialmente por la desproporción en los registros y el clonado de comunicaciones.

Conclusión

La resolución del Supremo marca un precedente relevante en la interpretación de los indicios y la gestión de pruebas en casos de filtraciones sensibles, además de reabrir el debate sobre los límites en la investigación y protección de derechos fundamentales. La defensa de García Ortiz, respaldada por las dudas sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas, mantiene viva la batalla judicial, cuyo desenlace podría sentar nuevas bases en la jurisprudencia constitucional española.