Sanidad estudia todas las vías legales para investigar la gestión sanitaria de Ayuso tras los audios del Hospital de Torrejón
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno central está valorando “todas las vías legales” para analizar en profundidad la gestión privada de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. Esta decisión llega después de la difusión de audios en los que un directivo del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por el Grupo Ribera, revelaría supuestas prácticas irregulares en la atención a pacientes.
Investigación sobre contratos y posibles irregularidades
Durante una entrevista en el canal público TVE, García ha afirmado que el Ministerio investigará “hasta el último rincón de todos estos contratos y de todos estos incumplimientos y obscenidades”, en referencia a la gestión hospitalaria bajo modelos privados. La ministra ha señalado que el objetivo es esclarecer si existen casos de “corrupción institucional” debido a la presunta desviación de recursos y prioridades desde la sanidad pública hacia intereses privados, especialmente bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso.
Selección económica de pacientes y modelo sanitario
La responsable de Sanidad ha subrayado que la investigación no se limitará al Hospital de Torrejón, donde la Alta Inspección Médica ha sido enviada tras conocerse que la empresa gestora habría ordenado limitar el acceso a pacientes menos rentables. García sostiene que esta práctica de “selección de riesgos” podría extenderse a otros hospitales gestionados por empresas privadas como el Grupo Quirón, también en Madrid.
Según la ministra, estas actuaciones suponen una discriminación económica de pacientes, priorizando la atención a aquellos con menor riesgo y mayor rentabilidad. “En los hospitales privados no se ven cirugías cardíacas, neonatos muy complejos, trasplantes o patologías de alto coste, que quedan relegadas a la sanidad pública”, ha destacado García.
Presupuesto público y transferencia a la gestión privada
García ha recordado que el flujo de pacientes y fondos desde la sanidad pública a la privada es constante, como reflejan las memorias oficiales de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con sus declaraciones, el presupuesto destinado a la gestión privada ha alcanzado los 5.000 millones de euros, la mitad del presupuesto anual de Sanidad de la región, que asciende a 10.000 millones.
La ministra considera que la raíz del problema no es un simple incumplimiento contractual por parte de las empresas gestoras, sino el propio modelo sanitario impulsado por el Partido Popular. “El fallo sería que la Comunidad de Madrid investigase, porque estaría investigando su propio modelo”, ha afirmado. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad instará a la administración regional a realizar sus propias indagaciones, aunque García ha manifestado su escepticismo sobre los resultados de estas pesquisas.
Acusaciones de corrupción institucional
Para la ministra, la situación que se vive en los hospitales gestionados de forma privada en Madrid puede calificarse claramente como “corrupción institucional”, que requiere de la connivencia entre las autoridades regionales y las empresas sanitarias. García ha señalado la relación directa entre cargos de la Consejería de Sanidad y los grupos privados, como Quirón, que gestionan estos centros.
Coste de los procedimientos y falta de transparencia
En relación a los costes, García ha recordado un anteproyecto de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que revelaba cómo incluso los procedimientos menores en hospitales privados triplican el precio de los mismos tratamientos realizados en centros públicos.
Próximos pasos y compromiso del Ministerio
El Ministerio de Sanidad asegura que agotará todos los medios legales disponibles para esclarecer la gestión de los hospitales públicos bajo administración privada. Además, García ha reiterado su compromiso de actuar tanto desde el Gobierno central como desde su formación política, Más Madrid, para exigir transparencia y responsabilidad en el modelo sanitario de la región.
- Investigación sobre contratos y gestión hospitalaria privada en Madrid.
- Denuncia de discriminación de pacientes y priorización económica.
- Acusaciones de corrupción institucional y falta de transparencia.
- Compromiso del Ministerio para agotar todas las vías legales.
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