Sánchez bloqueó la auditoría europea del rescate a Plus Ultra en plena polémica sobre el uso de fondos comunitarios
En abril de 2021, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez impidió que un auditor externo de la Unión Europea revisara el controvertido rescate financiero otorgado a la aerolínea Plus Ultra. La propuesta, impulsada por el Partido Popular (PP), buscaba esclarecer la adjudicación de ayudas públicas en el contexto de la pandemia y garantizar la transparencia en el uso de fondos europeos. Sin embargo, el PSOE bloqueó la iniciativa en el Congreso de los Diputados, intensificando la controversia sobre la gestión de los recursos destinados a combatir la crisis del COVID-19.
Un rescate millonario bajo el foco
El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 el rescate de Plus Ultra por un importe de 53 millones de euros, pese a tratarse de una aerolínea con solo un avión operativo y responsable de apenas el 0,03% de los vuelos nacionales. El argumento oficial fue considerar a Plus Ultra como una empresa estratégica para la economía española. No obstante, diversas formaciones políticas y organizaciones pusieron en duda los criterios utilizados, señalando que la compañía acumulaba pérdidas superiores a 13 millones de euros en cinco años y que su actividad estaba muy focalizada en rutas con Venezuela.
Ante la polémica, el PP solicitó a las instituciones europeas que una auditoría independiente revisara la legalidad y justificación del rescate. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de inmediato por el Ejecutivo socialista a través del Congreso, sin permitir que se sometiera a debate.
Nuevas revelaciones sobre el proceso de rescate
Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado en el teléfono móvil de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, pruebas de una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro José Luis Escrivá y Bartolomé Lora, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El objetivo del encuentro era impulsar el rescate de Plus Ultra.
Además, investigaciones apuntan a relaciones contractuales entre la empresa de las hijas de Zapatero y Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, considerado como presunto testaferro del expresidente. Ya en 2017, Zapatero habría promovido un primer rescate a la aerolínea con fondos provenientes de Venezuela a través de un crédito participativo de 6,4 millones de euros.
El rechazo a la auditoría y los argumentos del Gobierno
En el contexto de las dudas sobre la transparencia en el reparto de los fondos europeos, el PP, a través de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, formalizó la petición de control externo sobre las ayudas públicas. La respuesta del PSOE fue contundente: rechazó la propuesta alegando que la creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica podría suponer un aumento del gasto en los Presupuestos Generales del Estado.
El Partido Popular argumentó que dicha afirmación carecía de fundamento jurídico, ya que, según el propio texto de la proposición de ley, el nuevo órgano no generaría costes adicionales de personal ni incrementaría el capítulo 1 del presupuesto, al integrarse en la estructura ya existente del Ministerio de Hacienda.
- El Gobierno alegó que la proposición era «susceptible» de incrementar el gasto público, un término considerado por el PP como arbitrario y subjetivo.
- El PP solicitó formalmente la reconsideración de la decisión de la Mesa del Congreso adoptada el 20 de abril de 2021, insistiendo en que no existía impacto presupuestario real.
- El rechazo se interpretó como una medida política para restringir la iniciativa legislativa de la oposición y evitar un mayor control sobre la gestión de los fondos europeos.
Contexto y repercusiones políticas
El bloqueo de la auditoría europea se produjo tras un dictamen del Consejo de Estado que ya había recomendado reforzar los controles en la distribución de los fondos comunitarios. La decisión del Gobierno de Sánchez ha sido criticada por la oposición, que denuncia falta de transparencia y una gestión arbitraria de recursos públicos en un momento de máxima sensibilidad social y económica.
El caso Plus Ultra sigue generando interrogantes sobre los criterios de asignación de ayudas estratégicas, la influencia de figuras políticas en el proceso y la necesidad de reforzar la supervisión independiente en la gestión de fondos europeos.
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