Sánchez propone blindar el derecho al aborto en la Constitución y desafía al PP
El Gobierno de España ha anunciado su intención de llevar al Congreso una propuesta de reforma constitucional que incluiría el derecho al aborto en la Carta Magna. Esta medida, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, busca garantizar la protección de este derecho ante posibles retrocesos y responde a la creciente polarización social y política en torno a los derechos reproductivos en el país.
Una reforma con alto requisito parlamentario
Para que esta iniciativa prospere, será necesario el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria. Según el artículo 167 de la Constitución, cualquier reforma de este calibre requiere el apoyo de al menos tres quintos de la Cámara Baja, lo que convierte el voto del Partido Popular en imprescindible para su aprobación.
Sin embargo, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se muestra reticente a abrir el debate sobre el aborto, ya que el tema divide profundamente a su electorado. Esta falta de una postura clara ha llevado al principal partido de la oposición a evitar pronunciamientos tajantes y a tratar de cerrar cuanto antes la polémica.
Contexto político y reacción del Gobierno
La iniciativa de Sánchez surge en un contexto de tensión tras la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida (PP), de una moción presentada por Vox. Esta moción instaba a los sanitarios a informar a las mujeres sobre la existencia de un supuesto «síndrome postaborto», una condición que carece de respaldo científico y que ha sido considerada por el Ejecutivo como desinformación.
En respuesta, el Gobierno ha anunciado que llevará al próximo Consejo de Ministros un decreto, elaborado conjuntamente por los ministerios de Igualdad y Sanidad, para impedir que los profesionales sanitarios estén obligados a proporcionar este tipo de información engañosa.
Referentes internacionales y antecedentes en España
La propuesta de blindar el aborto en la Constitución española no es completamente nueva. Ya en febrero, Sumar —la formación política que gobierna en coalición con el PSOE— había registrado una iniciativa similar, inspirada en el caso de Francia, que recientemente consagró este derecho en su Constitución, siendo el primer país en hacerlo.
En España, la ley de plazos de 2010 fue refrendada por el Tribunal Constitucional sin que el PP presentara recurso alguno en su momento. Este contexto legal refuerza el argumento del Ejecutivo de que se trata de proteger un derecho consolidado frente a posibles intentos de recorte.
El PP ante un debate incómodo
El Partido Popular afronta esta cuestión con especial incomodidad. Aunque oficialmente sostiene que «el aborto no es un derecho», evita posicionarse claramente ni proponer restricciones adicionales. La última reforma de la ley del aborto, impulsada en 2023 por el Ministerio de Igualdad, contó con el voto en contra de PP y Vox, mientras que Ciudadanos apoyó la actualización normativa.
En el pasado, intentos de modificar la legislación, como el realizado en 2014 por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón para limitar el aborto en casos de malformación fetal, generaron amplio rechazo social y manifestaciones multitudinarias.
Estrategias políticas y repercusiones
Desde el entorno de Moncloa, se interpreta la propuesta como un movimiento que pone en evidencia las contradicciones internas del PP y su dificultad para distanciarse de las posiciones más conservadoras de Vox. Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno insisten en que el objetivo principal es salvaguardar derechos fundamentales ante posibles amenazas.
- El PP ha rechazado públicamente sumarse a la reforma constitucional, acusando al Gobierno de utilizar el tema como cortina de humo ante las causas judiciales que afectan a personas del entorno de Sánchez.
- El partido de Feijóo ha intentado recentrar el debate en las contradicciones del Ejecutivo en materia feminista, aunque la cuestión del aborto sigue generando división interna.
- La moción aprobada en el Ayuntamiento de Madrid y la posterior rectificación han expuesto una fisura en la estrategia del PP respecto a los derechos de las mujeres.
Próximos pasos
A la espera del debate parlamentario, el Gobierno prepara nuevas medidas para frenar la difusión de información falsa sobre el aborto y reforzar la protección de los derechos de las mujeres. El Consejo de Ministros abordará la próxima semana el decreto anunciado, mientras continúa la presión política para que el PP defina su posición en un tema que sigue siendo clave en la agenda social española.
La iniciativa de Sánchez no solo busca blindar el derecho al aborto, sino también marcar diferencias en el tablero político y movilizar a un electorado cada vez más sensibilizado con la defensa de los derechos civiles.
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