El Gobierno intensifica la presión sobre Ayuso por el aborto y Sánchez advierte: «Llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional»
El Gobierno central ha desplegado toda su maquinaria política y legal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco del creciente debate sobre el aborto y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. El propio presidente, Pedro Sánchez, ha intervenido de manera inusual en el debate de la Asamblea de Madrid para lanzar un mensaje contundente: el Ejecutivo utilizará todos los mecanismos legales disponibles para garantizar los derechos de las mujeres, y no descarta acudir a la Constitución y al Tribunal Constitucional si fuera necesario.
Sánchez irrumpe en el debate madrileño
No es habitual que el presidente del Gobierno participe de forma directa en los debates autonómicos, pero en esta ocasión Pedro Sánchez ha decidido intervenir tras la polémica generada por una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, dirigida a Ayuso. El foco de la discusión se centró en la elaboración de un registro de médicos objetores de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo, una medida impulsada por el Ministerio de Sanidad y que cuenta con la oposición frontal de la presidenta madrileña.
«Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir», declaró Sánchez. El presidente insistió en que el Gobierno utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de las mujeres en todo el territorio nacional, y advirtió que, si fuera necesario, se llevaría la cuestión hasta la Constitución y el Tribunal Constitucional.
Ayuso rechaza el registro de objetores y defiende la libertad de conciencia
Isabel Díaz Ayuso respondió de manera tajante, reafirmando su negativa a la creación de una lista de médicos objetores en la Comunidad de Madrid. Apeló a la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros textos fundamentales para defender su postura. «No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca», afirmó.
La presidenta subrayó que «no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo». Además, aportó datos sobre el número de abortos anuales en España, asegurando que «cada año abortan en España 106.000 personas» y calificó esa cifra como un «fracaso social». Su declaración de que quienes no estén de acuerdo «pueden irse a otro lado a abortar» generó una fuerte reacción en el Gobierno central.
Reacciones en el Gobierno y en la izquierda
Las palabras de Ayuso provocaron una respuesta inmediata tanto de Sánchez como de varios miembros del Consejo de Ministros. Félix Bolaños aseguró que «ninguna mujer se va a ir a otro lado a abortar», mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió que «las mujeres no somos el campo de batalla de la derecha extrema. Este Gobierno no consentirá que pisoteen nuestros derechos». Otros ministros, como Óscar López y Mónica García, también criticaron públicamente la postura de la presidenta madrileña.
El debate sobre el aborto ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas, especialmente después de que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid apoyara una propuesta de Vox para informar a las mujeres sobre el llamado «síndrome postaborto», una condición no reconocida por la comunidad científica. Tras la controversia, el alcalde José Luis Martínez Almeida rectificó su apoyo a la iniciativa.
El Gobierno refuerza su compromiso legal
Ante la escalada de la polémica, el presidente Sánchez propuso incluir el derecho al aborto en la Constitución, aunque actualmente no cuenta con mayoría parlamentaria suficiente para impulsar tal reforma. Paralelamente, la ministra de Sanidad presentó el informe anual de interrupciones voluntarias del embarazo y reiteró la necesidad de cumplir con la ley de 2023, que exige la creación de registros de profesionales objetores en las comunidades autónomas.
El pasado lunes, Sánchez envió cartas a los gobiernos de Madrid, Aragón, Baleares y Asturias, exigiendo la implementación de este registro como manda la normativa vigente. Finalmente, el presidente reiteró que el Ejecutivo no dudará en emplear todos los recursos legales a su disposición para garantizar el acceso al aborto y la protección de los derechos de las mujeres, dejando abierta la posibilidad de llevar el asunto hasta el máximo nivel constitucional si fuera preciso.
Contexto y perspectivas
El debate sobre el aborto y la objeción de conciencia se enmarca en un clima político tenso, donde la confrontación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se intensifica. Mientras Ayuso defiende la libertad de los profesionales sanitarios y rechaza la creación de listas, el Ejecutivo central insiste en la necesidad de mecanismos que garanticen el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.
- El Gobierno apuesta por medidas legales y constitucionales para blindar el derecho al aborto.
- Ayuso sostiene que la libertad de conciencia de los médicos debe ser respetada sin listas.
- El debate ha movilizado a ministros y ha puesto el foco en la gestión de la sanidad pública en diferentes comunidades.
La polémica sigue abierta y se prevé que continúe ocupando un lugar destacado en la agenda política y social durante las próximas semanas.
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