La Justicia británica revisa la calificación de “terrorista” a Palestine Action en medio de detenciones masivas
En medio de un clima de tensión y crecientes protestas, el sistema judicial británico se enfrenta a una decisión clave: determinar si el colectivo Palestine Action debe seguir siendo considerado una organización terrorista. La polémica medida adoptada por el gobierno británico ha desencadenado una ola de arrestos y suscitado un intenso debate sobre los límites de la protesta y la libertad de expresión en el Reino Unido.
Acciones directas y la reacción del gobierno
La madrugada del 19 de junio, dos integrantes de Palestine Action ingresaron en la base aérea Brize Norton de la Royal Air Force y sabotearon dos aviones militares Airbus A330 MRTT, utilizados, según la organización, para operaciones de apoyo a aviones israelíes. Esta acción, la más mediática desde la fundación del grupo en 2020, puso en evidencia la vulnerabilidad de la principal base aérea británica y disparó las alarmas en el gobierno.
Palestine Action se define como un movimiento de acción directa no violenta cuyo objetivo es denunciar la complicidad entre el gobierno británico, grandes empresas y el ejército israelí en el conflicto de Gaza. La organización había realizado anteriormente protestas y acciones disruptivas, pero el sabotaje a la base aérea fue un punto de inflexión.
Prohibición y consecuencias legales
El 5 de julio, pocos días después del incidente en Brize Norton, el Ministerio del Interior británico declaró a Palestine Action como organización terrorista, una decisión respaldada por una amplia mayoría en el Parlamento (385 votos a favor y 26 en contra). Desde entonces, afiliarse, recaudar fondos o mostrar apoyo al grupo puede conllevar penas de hasta 14 años de prisión según la Ley Antiterrorista.
La proscripción equipara legalmente a Palestine Action con grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, Hezbolá, Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. La lista del gobierno británico incluye una variedad de organizaciones consideradas integristas o involucradas en conflictos internacionales.
Ola de detenciones y protestas
Desde la prohibición, la represión contra el activismo propalestino se ha intensificado. En los últimos cuatro meses, unas 2.400 personas han sido detenidas durante protestas pacíficas convocadas por el colectivo Defend Our Juries (DoJ) en solidaridad con Palestine Action. Las manifestaciones, que incluyen sentadas y pancartas con lemas como “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, han provocado detenciones bajo el artículo 13.7 de la Ley Antiterrorista, que sanciona la exhibición de mensajes o símbolos asociados a organizaciones proscritas.
- 2.400 detenidos en protestas desde julio
- Hasta 14 años de prisión por mostrar apoyo al grupo
- Protestas pacíficas reprimidas por la policía
Debate sobre derechos y libertad de expresión
El inicio de la revisión judicial sobre la legalidad de la proscripción de Palestine Action ha coincidido con nuevas detenciones. Cerca de 25 manifestantes fueron arrestados frente a la High Court of Justice mientras comenzaba la audiencia destinada a decidir si la organización debe seguir considerada terrorista.
Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado la medida como desproporcionada y contraria a los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegen la libertad de pensamiento, expresión y reunión. El letrado Raza Husain, representante de la cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, subrayó que nunca antes se había prohibido en Reino Unido a una organización de acción directa no violenta.
Desde DoJ se critica que “confundir los daños materiales con el terrorismo es un insulto para las verdaderas víctimas de la violencia terrorista” y se advierte sobre el impacto negativo en los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protesta.
En el centro de la polémica: Elbit Systems y el conflicto en Gaza
Palestine Action, desde su creación, ha focalizado sus acciones en empresas vinculadas al sector militar israelí, en particular Elbit Systems, uno de los principales fabricantes de armamento y tecnología militar de Israel. Entre sus productos destacan los drones Hermes 450 y 900, ampliamente utilizados en operaciones militares en Gaza, Cisjordania y el Líbano.
Las acciones, que comenzaron en 2020, han incluido bloqueos de accesos, pintadas simbólicas, ocupaciones y daños a equipos con el objetivo de forzar la retirada de Elbit y sus filiales del Reino Unido. La intensidad de las protestas creció notablemente tras el 7 de octubre de 2023, fecha que marcó una nueva escalada del conflicto en Gaza.
Preocupación por la imparcialidad judicial
El desarrollo de la revisión judicial ha estado rodeado de controversia, especialmente tras la inesperada sustitución del juez asignado al caso. La designación de dos jueces suplentes ha generado dudas sobre su imparcialidad, debido a presuntos vínculos personales y profesionales con figuras políticas y grupos proisraelíes.
- Relación familiar de la jueza Victoria Sharp con el ex primer ministro Boris Johnson y con un destacado lobista proisraelí
- El juez Jonathan Swift ha trabajado recurrentemente para agencias de seguridad e inteligencia y para el Ministerio del Interior
DoJ advierte que la selección de jueces con posibles conflictos de interés amenaza la transparencia y la independencia judicial, especialmente en un caso que afecta a miles de manifestantes y al derecho a la protesta.
Perspectivas y próximos pasos
La audiencia judicial concluirá el 28 de noviembre, pero no se espera un veredicto inmediato. El equipo legal de Palestine Action teme que el cambio de jueces pueda retrasar la resolución, mientras que las organizaciones propalestinas insisten en mantener la movilización y la solidaridad con los activistas detenidos.
La decisión final de la justicia británica tendrá un impacto decisivo sobre el futuro de la protesta social en el país y sobre el debate acerca de la libertad de expresión y la criminalización del activismo no violento.
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