Regularización de migrantes encalla en el Congreso: ¿bloqueo de Junts o estrategia del Gobierno?

Debate sobre la regularización de migrantes: ¿Junts como obstáculo o excusa del Gobierno?

La regularización extraordinaria de migrantes vuelve a situarse en el centro del debate político en España. Con la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar la situación de cerca de medio millón de personas estancada en el Congreso, las formaciones políticas y los colectivos sociales buscan alternativas para destrabar un proceso que afecta a derechos fundamentales y que, por el momento, no encuentra consenso parlamentario.

El estancamiento de la ILP y la presión de los plazos

Sumar había fijado el mes de octubre como fecha límite para que el Gobierno encontrara una fórmula que permitiese activar una regularización extraordinaria. Sin embargo, a pocos días de cumplirse el plazo, la propuesta, derivada de una ILP admitida a trámite en la Cámara Baja, sigue paralizada. Esta situación ha impulsado el debate sobre la viabilidad de aprobar la regularización por la vía del Real Decreto, evitando así una votación directa en el Congreso y sorteando la oposición de los siete diputados de Junts per Catalunya, cuya postura resulta clave tras el reciente rechazo a la cesión de competencias migratorias a Cataluña.

Las dos vías sobre la mesa

Actualmente, el Gobierno baraja dos opciones principales:

• Continuar buscando el apoyo de Junts para someter la proposición de ley, originada en la ILP, a una votación con garantías en el Congreso.
• Optar por la aprobación de la regularización mediante Real Decreto, evitando así el trámite parlamentario.

Fuentes del PSOE reconocen que las negociaciones están centradas en Junts y que, una vez encauzado ese diálogo, se abrirán conversaciones con el resto de grupos. No obstante, no descartan ninguna de las vías, y aseguran que el Gobierno ya ha trasladado a algunos grupos su disposición a explorar la opción del decreto.

La postura de los promotores y la desconfianza hacia los partidos

Desde la plataforma Regularización YA, promotora de la ILP, se considera viable la opción del Real Decreto. Su portavoz, Victoria Columba, sostiene que «si el Gobierno quiere sacar adelante la regularización, puede hacerlo sin pasar por el Congreso». Para los colectivos impulsores, la negativa de Junts podría estar sirviendo de excusa al Ejecutivo para no avanzar en el proceso.

Sin embargo, los promotores son tajantes: no quieren someter la ILP al Pleno sin la certeza de contar con todos los apoyos necesarios, exigiendo incluso la firma de Junts en un documento que garantice su respaldo. La desconfianza hacia las distintas fuerzas políticas es palpable: acusan al PSOE de «cobardía», al PP de alinearse con la extrema derecha y a las izquierdas de no hacer lo suficiente para desbloquear la regularización.

Diferencias en el seno del Gobierno y entre aliados

El debate no solo divide al Congreso, sino también al propio Ejecutivo de coalición. Sumar se muestra escéptico ante la posibilidad de aprobar la regularización por decreto, argumentando que un proceso de esta magnitud debe realizarse con una norma con rango de ley, ya que implica cambios sustanciales en los derechos de las personas migrantes, como residencia, trabajo y protección frente a la expulsión.

Fuentes de Sumar insisten en la necesidad de dotar a la regularización del «mayor rango legal posible», advirtiendo que los decretos pueden modificarse fácilmente y que una solución de este tipo generaría inseguridad jurídica y riesgo de arbitrariedad. Por ello, prefieren continuar presionando en el Congreso para lograr un acuerdo amplio.

Podemos y Esquerra Republicana apuestan por el decreto

En contraste, Podemos defiende que la normativa vigente permite modificar el procedimiento de regularización a través de un Real Decreto, ya que el Reglamento de Extranjería se ha modificado de esta forma en ocasiones anteriores. Los servicios jurídicos de la formación aseguran que la ley contempla la concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, las cuales pueden ser reguladas reglamentariamente.

Esquerra Republicana también ve con buenos ojos la vía del decreto, siempre que el texto se negocie con los grupos parlamentarios y cuente con el aval de los promotores de la ILP. Sin embargo, la mayoría de los aliados del Gobierno reconocen que, aunque la opción del decreto va ganando peso, las posibilidades de que prospere siguen siendo inciertas.

Precedentes históricos en la regularización de migrantes

La regularización de personas migrantes no es un fenómeno nuevo en España. En 2005, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la regularización más amplia hasta la fecha mediante Real Decreto, beneficiando a más de 576.500 personas. En aquel proceso, se exigía la presentación de un contrato de trabajo como requisito.

Anteriormente, durante el mandato de José María Aznar, se realizaron dos procesos similares en 2000 y 2001, amparados por la Ley de Extranjería. Aunque en ese caso existía un mandato legislativo específico, los expertos de Podemos recuerdan que la regularización de 2005 se llevó a cabo sin un mandato explícito, simplemente mediante un Real Decreto.

Conclusión: un futuro incierto para la regularización

El futuro de la regularización extraordinaria de migrantes en España sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno y sus socios mantienen posturas divergentes sobre la vía adecuada, la urgencia de dar respuesta a la situación de cientos de miles de personas se mantiene. La presión de los colectivos sociales y la experiencia de procesos anteriores podrían inclinar la balanza hacia una solución, pero la falta de consenso parlamentario y las diferencias dentro del propio Ejecutivo dificultan una salida inmediata.