La trama de hidrocarburos: un entramado que buscó duplicar su estructura con apoyo gubernamental
Una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la profundidad con la que una red criminal dedicada al fraude en el sector de hidrocarburos habría penetrado en las estructuras del Gobierno español. Según los informes, los implicados llegaron a planear la duplicación de su red de empresas, respaldados por licencias y contactos en varios ministerios clave.
- La trama de hidrocarburos: un entramado que buscó duplicar su estructura con apoyo gubernamental
- Un entramado sofisticado para el fraude fiscal
- Los principales responsables y las empresas implicadas
- Influencia en el Gobierno y obtención de licencias
- Fraude en la venta de hidrocarburos y conexiones internacionales
- Implicaciones y extensión de la investigación
- El papel de Villafuel y la concesión de licencias
- Conclusiones
Un entramado sofisticado para el fraude fiscal
La denominada trama de hidrocarburos es objeto de una investigación judicial y policial de gran alcance en España. Se trata de una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, la corrupción y el tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de combustibles.
Esta red utilizaba empresas pantalla y mecanismos financieros complejos para evadir impuestos, principalmente el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos. Además, se les atribuye el blanqueo de capitales y la obtención de ventajas ilícitas en el proceso de obtención de licencias. Según estimaciones de la UCO, la cantidad defraudada entre 2021 y 2024 supera los 182,5 millones de euros, parte de los cuales habría sido transferida a cuentas en países como Portugal, China y Colombia.
Los principales responsables y las empresas implicadas
Las investigaciones señalan a Víctor de Aldama y Claudio Rivas como supuestos líderes de la red, quienes, a través de sociedades instrumentales como Villafuel S.L. y Have Got Time S.L., y el uso de testaferros, ocultaron la titularidad real de las empresas y dificultaron el seguimiento de las operaciones ilícitas.
La UCO sostiene que la trama no solo operaba en la sombra, sino que, gracias a sus conexiones políticas y empresariales, recibió trato privilegiado para expandir su actividad. Entre sus estrategias, destaca el intento de duplicar la estructura empresarial para controlar al menos dos operadoras mayoristas en el sector, con el objetivo de consolidar su posición y continuar generando ingresos millonarios a través de prácticas fraudulentas.
Influencia en el Gobierno y obtención de licencias
La red de hidrocarburos habría pagado cerca de un millón de euros en sobornos y favores a políticos y altos cargos para obtener licencias y facilitar su operativa. Entre las contraprestaciones figura la entrega de un chalet al exministro José Luis Ábalos. Las investigaciones apuntan a la existencia de vínculos directos con varios ministerios, como Transportes, Industria y Transición Ecológica, entonces bajo la dirección de José Luis Ábalos, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
La documentación incautada y las conversaciones interceptadas refuerzan la hipótesis de que la trama contaba con apoyo gubernamental, lo que habría permitido la concesión de la primera licencia a Villafuel y facilitado su operativa, incluso en la comercialización de petróleo procedente de Venezuela.
Fraude en la venta de hidrocarburos y conexiones internacionales
Uno de los métodos utilizados por la red consistía en importar petróleo venezolano, eludiendo el pago de impuestos mediante la declaración de que el producto no sería vendido en España, para después introducirlo en el mercado nacional. Esta operativa habría pasado desapercibida para la Agencia Tributaria hasta la intervención de la UCO.
- Empresas pantalla para ocultar la titularidad real
- Desvío de fondos a cuentas en el extranjero
- Sobornos y favores a cargos públicos
- Obtención fraudulenta de licencias para operar
Implicaciones y extensión de la investigación
La causa principal se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la ampliación de la investigación hasta 2026, previendo nuevas imputaciones conforme avance el análisis de los documentos y comunicaciones incautados.
El caso está relacionado con otros procedimientos judiciales, como el denominado caso Koldo, en el que afloran los mismos nombres y conexiones entre empresarios y altos cargos públicos.
El papel de Villafuel y la concesión de licencias
La estrategia de la trama pasaba por disponer de una sociedad nacional, Villafuel, para operar legalmente. La licencia fue concedida por el departamento dirigido entonces por Teresa Ribera, según los informes de la UCO, sin que se exigiera acreditar la capacidad financiera mínima requerida por la normativa, estimada en tres millones de euros propios.
La gestión del Ministerio de Industria también fue clave para facilitar la licencia, sumándose a los apoyos obtenidos en otros departamentos y consolidando así el entramado que permitió el fraude fiscal de gran magnitud.
Conclusiones
La investigación de la UCO pone de manifiesto la existencia de una trama organizada que, gracias a su relación con distintos estamentos del Gobierno, pudo operar durante años en el sector de hidrocarburos, defraudando al fisco y obteniendo ventajas competitivas mediante corrupción y tráfico de influencias. El alcance internacional de sus operaciones y la implicación de altos cargos subrayan la gravedad del caso y auguran nuevas revelaciones conforme avance el proceso judicial.
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