Puigdemont acelera su retorno y exige al Tribunal Constitucional la anulación de la orden de detención
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, ha intensificado sus gestiones para regresar a España. La estrategia de su defensa se centra en solicitar al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión de la orden de busca y captura emitida por el Tribunal Supremo (TS), apoyándose en el reciente informe no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Presión sobre el Gobierno y el Tribunal Constitucional
La defensa de Puigdemont, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, ha presentado un recurso ante el TC, actualmente presidido por Cándido Conde-Pumpido y con mayoría progresista. El recurso supone una prueba política para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se convierte en el principal receptor del mensaje: demostrar su compromiso con Junts y garantizar la continuidad del pacto entre socialistas y fuerzas independentistas.
El escrito solicita al TC que “acuerde, con carácter urgente y preferente, la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones impugnadas”, lo que incluye la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión. El objetivo es evitar que la ejecución de estas medidas cause un daño irreparable a los derechos fundamentales que Puigdemont alega están en juego.
Solicitudes clave al Tribunal Constitucional
- Ordenar la suspensión inmediata de todas las órdenes de detención y prisión contra Puigdemont.
- Mantener esa suspensión hasta que el TC emita sentencia firme sobre el recurso de amparo presentado.
- Garantizar que la suspensión se extienda a cualquier incidencia relativa a la Ley de Amnistía (Ley Orgánica 1/2024) que pueda verse afectada por las resoluciones recurridas.
- Adoptar medidas adicionales para asegurar la eficacia de la suspensión, incluyendo la comunicación inmediata a los órganos judiciales y policiales, tanto nacionales como europeos, a fin de paralizar cualquier actuación relacionada con las órdenes impugnadas.
Base jurídica: el informe del abogado general del TJUE
La defensa de Puigdemont fundamenta su petición en las conclusiones del abogado general luxemburgués Dean Spielmann, conocido por su papel en la liberación de más de sesenta miembros de ETA en 2013. Según el recurso, Spielmann sostiene que el ámbito material y temporal de la Ley de Amnistía abarca todas las actuaciones vinculadas al proceso independentista catalán, incluyendo “la totalidad de las conductas desarrolladas en ese contexto político e institucional”.
En palabras del abogado general, “cuando concurren los presupuestos de aplicación de una amnistía, el órgano jurisdiccional debe dictar una resolución que ponga fin al procedimiento y proceda a su archivo sin más trámite”. Este argumento es considerado por Boye como un “mandato jurídico claro e inequívoco” que justificaría la suspensión inmediata de las órdenes contra Puigdemont.
Implicaciones políticas y el mensaje a Moncloa
Con esta nueva maniobra jurídica, Puigdemont lanza una invitación directa a Pedro Sánchez para que utilice los mecanismos a su alcance y facilite su regreso a España. La intención es clara: reanudar el diálogo con el Gobierno central y consolidar la relación entre socialistas e independentistas, en un momento en que Junts enfrenta la competencia de nuevas formaciones como Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols.
La resolución del Tribunal Constitucional sobre este recurso será determinante no solo para el futuro judicial de Puigdemont, sino también para la estabilidad de los acuerdos políticos que sostienen la actual legislatura en España.
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