Preocupación ante una posible prórroga del decreto antidesahucios: propietarios denuncian sentirse desamparados
Miles de propietarios en España viven estos días pendientes del futuro del controvertido decreto antidesahucios, cuya nueva prórroga debe ser convalidada en el Congreso antes del próximo 24 de enero. La medida, impulsada inicialmente en 2020 para proteger a personas vulnerables durante la pandemia, ha generado una gran polémica por sus consecuencias inesperadas sobre familias trabajadoras que ven imposible recuperar sus viviendas ocupadas de manera irregular.
Una situación límite para los afectados
La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) alerta sobre las graves repercusiones que tendría una nueva prórroga del real decreto, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que, según denuncian, ha condenado a miles de ciudadanos a mantener durante años a los llamados «inquiokupas»: inquilinos que ocupan viviendas y se niegan a abandonar el inmueble, amparados por la normativa.
David, propietario de Granada, es uno de los casos más extremos. Desde hace nueve años, no ha podido recuperar su vivienda, que alquiló inicialmente con la intención de asegurar su jubilación. “La deuda asciende a unos 60.000 euros, pero ya no es solo el daño económico; es la impotencia de no poder hacer nada y ver cómo el problema que debería resolver el Estado recae sobre trabajadores como yo”, lamenta.
Una historia que comenzó en 2014
El calvario de David comenzó cuando decidió alquilar su chalet por 370 euros mensuales, una cifra muy por debajo de los precios actuales, con el objetivo de obtener una ayuda económica futura. Tras unos años sin problemas, la situación cambió cuando la pareja inquilina rompió y la mujer permaneció en la vivienda junto a sus dos hijas, dejando de abonar el alquiler.
En 2017, David denunció al firmante del contrato, pero la justicia le indicó que debía reclamar a la persona que realmente ocupaba la vivienda. El proceso judicial se alargó hasta 2020, justo cuando entró en vigor el decreto antidesahucios, que paralizó el desalojo de la inquiokupa. Desde entonces, David paga hipoteca, impuestos y suministros, mientras la ocupante, según él, recibe ayudas públicas superiores a 1.000 euros mensuales y no muestra intención de buscar empleo.
El efecto desincentivador del decreto
Según los testimonios recogidos por la PAO, la actual legislación desincentiva la búsqueda activa de empleo entre quienes se acogen a ella, al garantizar ingresos y vivienda sin coste alguno. “Al final, está ganando más que si trabajara, lo que fomenta que la gente prefiera no incorporarse al mercado laboral”, denuncia David.
Frente a esta realidad, los propietarios se sienten atrapados en una situación en la que deben hacer frente a todos los gastos de la vivienda, bajo la amenaza de embargo si incumplen con sus obligaciones, mientras que los ocupantes pueden permanecer indefinidamente en el inmueble.
Impacto en el mercado del alquiler
La PAO subraya que la mayoría de los afectados son trabajadores y pensionistas con una sola vivienda, que buscaban una fuente de ingresos adicional o una seguridad para el futuro. La prolongación del decreto, advierten, está contribuyendo al retraimiento del mercado del alquiler. “Nadie quiere poner su vivienda en alquiler por miedo a no cobrar y verse en esta situación que puede arruinarte la vida”, explica David.
- Más del 95% de los afectados son pequeñas familias, no grandes tenedores.
- Muchos propietarios han optado por no volver a alquilar tras recuperar su vivienda.
- La inseguridad jurídica desalienta nuevas ofertas en el mercado de alquiler.
Debate político y esperanza en el Congreso
La convalidación de la prórroga depende del voto de partidos clave como Junts y PNV, que hasta el momento han mostrado reticencias. El año pasado, la negativa temporal de Junts permitió que algunos propietarios recuperaran sus viviendas antes de que el Gobierno aprobara un nuevo decreto. La PAO y las víctimas confían en que, esta vez, el Congreso dé marcha atrás.
Mientras tanto, denuncian que parte de la izquierda política sigue negando la existencia de la inquiokupación. “He ido al Parlamento para exponer mi caso y algunos diputados ni siquiera quisieron escucharme. Es indignante”, relata David, quien insiste en la necesidad de que los responsables políticos escuchen a los ciudadanos afectados.
Una decisión crucial para miles de familias
A días de la votación, miles de propietarios contienen la respiración. Para ellos, el futuro de este decreto no es solo una cuestión política, sino la única oportunidad de recuperar sus hogares y volver a una vida normal. La PAO reclama una solución justa que garantice la protección social de los más vulnerables, pero sin convertir a los pequeños propietarios en los grandes perjudicados de la política de vivienda.
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