Portugal refuerza sus políticas migratorias y endurece la concesión de la nacionalidad
El Parlamento de Portugal ha aprobado una reforma significativa a su Ley de Nacionalidad, estableciendo nuevas condiciones para la obtención del pasaporte portugués y permitiendo la retirada de la ciudadanía en casos de delitos graves. Estas modificaciones, impulsadas por una alianza entre los partidos de gobierno y la ultraderecha, suponen un giro restrictivo en la política migratoria del país.
Cambios clave en la Ley de Nacionalidad
La nueva normativa, respaldada por 157 votos a favor en la Asamblea de la República, introduce requisitos más estrictos para quienes deseen acceder a la nacionalidad portuguesa. La coalición conservadora formada por el Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), junto al partido ultraderechista Chega, además de Iniciativa Liberal y el regionalista Juntos pelo Povo (JPP), fue determinante para la aprobación del texto. Los partidos de izquierda votaron en bloque en contra, sumando 64 votos.
- Aumento del tiempo de residencia: Los inmigrantes procedentes de países de lengua portuguesa o de la Unión Europea deberán residir legalmente en Portugal al menos siete años antes de solicitar la nacionalidad. Para ciudadanos de terceros países, el periodo se eleva a diez años, en contraste con los cinco años exigidos hasta ahora para todos los casos.
- Fin de la nacionalidad automática para hijos de migrantes: Los hijos de inmigrantes nacidos en Portugal ya no recibirán automáticamente la ciudadanía. Ahora, deberán expresar su deseo de ser portugueses y al menos uno de los progenitores debe haber residido legalmente en el país durante cinco años.
- Eliminación del régimen especial sefardí: Se suprime la vía especial que permitía la concesión de la nacionalidad a descendientes de judíos sefarditas expulsados de la Península Ibérica en el siglo XV.
Retirada de la nacionalidad por delitos graves
Junto a la reforma de la Ley de Nacionalidad, la Asamblea aprobó una modificación del Código Penal que habilita al Estado a retirar la ciudadanía portuguesa a quienes hayan sido condenados por delitos graves. Esta medida no será automática, sino que requerirá el pronunciamiento de un tribunal, según el acuerdo alcanzado durante las negociaciones parlamentarias.
Por otra parte, se incluyeron nuevas disposiciones propuestas por Chega, como la pérdida de nacionalidad para quienes la hayan obtenido de manera fraudulenta y la exigencia de demostrar medios de subsistencia propios, evitando así la dependencia de ayudas públicas.
Próximos pasos: decisión presidencial
Ambas reformas legislativas serán ahora remitidas al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien podrá optar por promulgarlas, vetarlas o enviarlas al Tribunal Constitucional para su revisión.
Contexto y reacciones políticas
Estas iniciativas se enmarcan en una tendencia general de endurecimiento de las políticas migratorias en Portugal. Se trata de la segunda ocasión en que el actual gobierno de centroderecha, con apoyo de la ultraderecha, impulsa restricciones, tras las recientes modificaciones a la Ley de Extranjeros que dificultaron, entre otras cuestiones, la reunificación familiar.
La aprobación de la nueva Ley de Nacionalidad ha generado un intenso debate político y social en el país, evidenciando la polarización entre los partidos favorables a un mayor control migratorio y aquellos que abogan por políticas más inclusivas.
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