Polémica en Navarra: Entrecanales elude comisión del ‘caso Cerdán’ y desata debate político

Controversia en Navarra: Entrecanales no comparece ante la comisión del ‘caso Cerdán’ y envía a un representante

La ausencia del presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre el denominado ‘caso Cerdán’ ha generado un intenso debate político y jurídico. La decisión de la compañía de enviar a un representante en su lugar, pese a la citación nominal, ha sido rechazada por la cámara foral, que considera injustificada la incomparecencia del directivo.

El Parlamento navarro rechaza a los sustitutos de Entrecanales

La comparecencia, prevista para este martes, se desarrolló sin la presencia de Entrecanales. Acciona designó a Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección, como su representante, apoyándose en lo dispuesto por el artículo 233.2(d) de la Ley de Sociedades de Capital y los propios estatutos de la compañía, que asignan la representación de la sociedad al Consejo de Administración de manera colegiada. Mollinedo acudió acompañado de José Julio Figueroa Gómez, director del área jurídica de la empresa, registrando su presencia en la sede parlamentaria antes de retirarse.

Sin embargo, desde la comisión se insistió en que la citación era personal e intransferible. La presidenta del órgano de investigación, Irati Jiménez (EH Bildu), confirmó la incomparecencia y la falta de justificación formal: «Siendo las 10 y 2 minutos y no habiéndose personado el señor José Manuel Entrecanales, sin haber recibido una justificación debida para ello, no nos queda más que constatar en este momento su incomparecencia».

La comisión parlamentaria ha citado de nuevo a Entrecanales para el próximo lunes 9 de febrero a las 11 horas, advirtiendo que, en caso de una nueva ausencia, se tomarán decisiones internas en función de lo que propongan los grupos parlamentarios.

Implicaciones legales de la incomparecencia

Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han recordado que la negativa a acudir a una comisión de investigación puede constituir un delito de desobediencia, según el artículo 502.1 del Código Penal. Aunque corresponde a la autoridad judicial determinar si la conducta es delictiva en cada caso concreto, el informe jurídico recalca la obligatoriedad de comparecer ante este tipo de órganos, tal como establece la Constitución, el Código Penal y el Reglamento del propio Parlamento.

• El artículo 72.1 del reglamento parlamentario advierte expresamente sobre la posible comisión de delito en caso de no comparecencia.
• La única potestad de la cámara, en caso de ausencia voluntaria, es trasladar el caso al Ministerio Fiscal para que valore la responsabilidad penal.

Acciona defiende su actuación y derecho a representación

Desde Acciona se sostiene que se ha actuado “con pleno respeto a la ley”, cumpliendo con las obligaciones legales y ejerciendo el derecho a designar un representante en virtud de la legislación vigente. La compañía lamenta que el Parlamento haya desatendido este derecho y considera que la personación de los representantes acreditados por su Consejo de Administración cumple con el trámite exigido por la citación.

El trasfondo del caso: contratos públicos y presunto amaño de adjudicaciones

La comisión de investigación, constituida en julio de 2025, tiene como objetivo esclarecer las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra en las cuatro últimas legislaturas. El foco está puesto en contratos que presuntamente favorecieron a determinadas personas físicas y jurídicas, en el contexto de la causa que instruye el Tribunal Supremo.

Entre los investigados destacan el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Estos dos últimos permanecen en prisión provisional desde noviembre de 2025 por el conocido como ‘caso mascarillas’.

La investigación tomó un nuevo giro tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la adjudicación de varias obras a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, esta última vinculada a Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente citó a declarar a antiguos y actuales directivos de Acciona, incluyendo a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, además de Fernando Merino, primer exdirectivo investigado en el caso.

Registros y nuevas evidencias

Aunque Acciona no está investigada como persona jurídica, la empresa fue incluida en el informe de la UCO de junio de 2025, que destapó una operativa para el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Sin embargo, los registros en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao no se realizaron hasta noviembre, después de que el magistrado recibiera un informe patrimonial sobre Cerdán.

Según la UCO, durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes (2018-2021), se habrían producido reuniones entre Cerdán, Antxon Alonso (propietario de Servinabar) y Justo Pelegrini (exdirectivo de Acciona) para pactar el amaño de adjudicaciones públicas. El 75% de los ingresos de Servinabar provenía de Acciona, según la investigación, y ambas empresas firmaron acuerdos de colaboración y contratos de prestación de servicios por los que Servinabar obtenía un 2% neto del importe de las licitaciones adjudicadas a Acciona Construcción.

Próximos pasos y tensión institucional

El Parlamento navarro mantiene la citación a Entrecanales, concediéndole una nueva oportunidad para comparecer y aportar su testimonio en la investigación. La tensión institucional es palpable, en un contexto donde se dirimen responsabilidades políticas y legales por la gestión de fondos públicos y posibles delitos de corrupción en la adjudicación de contratos.

La evolución del caso y la respuesta del presidente de Acciona serán claves para determinar el alcance de las responsabilidades y el impacto en la reputación de la compañía y en la transparencia institucional de Navarra.