Cuba se benefició del rescate de Plus Ultra mientras un enlace cercano a Zapatero fue clave en la operación
La aerolínea Plus Ultra vuelve a situarse en el centro del debate público tras nuevas revelaciones sobre su papel en operaciones financieras de alcance internacional y su relación con el régimen cubano. La compañía, actualmente involucrada en una causa penal, ha sido clave para que el gobierno de Cuba lograra sortear sanciones y mantener su conectividad internacional, gracias a recursos procedentes de España.
- Cuba se benefició del rescate de Plus Ultra mientras un enlace cercano a Zapatero fue clave en la operación
- Antecedentes del rescate financiero
- Investigaciones penales y detenciones
- Un vínculo político en la trama financiera
- El papel de Plus Ultra en la conectividad de Cuba
- Una operación financiera clave: el préstamo de Panacorp
- El nexo venezolano y la intermediación política
- Conclusión
Antecedentes del rescate financiero
En marzo de 2021, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos inyectó 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta ayuda se justificó por el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector aéreo, aunque distintas formaciones políticas y organizaciones pusieron en duda que Plus Ultra reuniera los requisitos necesarios para ser considerada una empresa estratégica para la economía española, debido a su tamaño reducido y limitada actividad.
La concesión de este rescate fue objeto de una investigación judicial tras la denuncia del partido Vox, que motivó la apertura de diligencias en un juzgado de Madrid para esclarecer un posible delito de malversación y prevaricación. El proceso ha atravesado diferentes fases, incluyendo bloqueos judiciales temporales y archivos parciales, manteniendo la polémica en el foco mediático.
Investigaciones penales y detenciones
Más allá del rescate económico, la Fiscalía Anticorrupción ha investigado si parte de los fondos recibidos por Plus Ultra pudieron haber sido desviados para operaciones de blanqueo de capitales, con conexiones en España, Francia y Suiza. La investigación, bajo secreto de sumario, llevó el 11 de diciembre de 2025 a la detención del propietario y presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y del CEO, Roberto Roselli, por presunto blanqueo de capitales. Ambos fueron arrestados tras el registro de la sede de la compañía por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Durante las diligencias, se incautó abundante documentación fiscal, servidores y dispositivos electrónicos, con el fin de reconstruir los movimientos financieros sospechosos. Esta causa se distingue de la investigación original sobre el rescate de los 53 millones de euros, centrando sus pesquisas en el posible blanqueo y fraude fiscal relacionado con operaciones internacionales y préstamos vinculados a redes financieras procedentes de Venezuela.
Un vínculo político en la trama financiera
Entre los investigados figura Julio Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra y amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha revelado que Martínez Martínez mantuvo una reunión con Zapatero en El Pardo apenas tres días antes de ser detenido, en una zona sin cobertura y utilizando teléfonos desechables, lo que ha suscitado interrogantes sobre la naturaleza de estos encuentros.
El papel de Plus Ultra en la conectividad de Cuba
Según informaciones obtenidas por medios nacionales, la inyección de fondos públicos a Plus Ultra ha servido indirectamente para sostener al gobierno cubano. Tras el declive de Cubana de Aviación y la venezolana Conviasa, Plus Ultra se ha convertido en la principal compañía aérea de cabecera para el régimen de Miguel Díaz-Canel. El propio presidente cubano ha utilizado aeronaves de Plus Ultra, en particular el Airbus 330-200, para realizar visitas oficiales a al menos seis países y asistir a cumbres internacionales, sorteando así las restricciones impuestas por las sanciones estadounidenses.
La actividad de Plus Ultra ha resultado fundamental para mantener el flujo turístico hacia la isla caribeña, permitiendo a Cuba conservar su presencia en el mercado internacional en un contexto de crisis aguda. Sin estos vuelos, la situación del turismo en Cuba, ya de por sí delicada, habría sido aún más catastrófica.
- No existe constancia pública de que el gobierno cubano asuma el coste por el uso de las aeronaves de Plus Ultra.
- No se han documentado contratos públicos entre la aerolínea y el Estado cubano.
- Plus Ultra no ha emitido declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su relación con Cuba.
Una operación financiera clave: el préstamo de Panacorp
Un elemento esencial que permitió a Plus Ultra acceder al rescate estatal fue un préstamo participativo de 6,3 millones de euros otorgado en diciembre de 2017 por Panacorp, una entidad financiera panameña. Este crédito permitió a la aerolínea evitar la disolución legal y cumplir los requisitos para optar al fondo de la SEPI, a pesar de no haber generado beneficios hasta ese momento.
El nexo venezolano y la intermediación política
La investigación periodística ha puesto de relieve el papel del empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, quien junto a su familia controló Panacorp Casa de Valores hasta mayo de 2021. Ibrahim recurrió a la intermediación del expresidente Rodríguez Zapatero para poder acceder a la Embajada española en Caracas tras haber sido vetado anteriormente. Este vínculo político-financiero ha resultado determinante en la operación de salvamento de la aerolínea.
Conclusión
El caso Plus Ultra pone de manifiesto la compleja interrelación entre ayudas estatales, intereses empresariales y redes internacionales de poder. La aerolínea no solo ha sido protagonista de investigaciones judiciales por presunto blanqueo y fraude, sino que también ha desempeñado un papel estratégico para el régimen cubano en su esfuerzo por contrarrestar el aislamiento internacional. Las investigaciones continúan, mientras diversos sectores políticos y sociales exigen transparencia sobre el destino de los fondos públicos y la naturaleza de los vínculos entre la compañía y actores internacionales.
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