Perú enfrenta crisis política tras la designación de José Jerí como presidente interino
La reciente destitución de Dina Boluarte y el nombramiento de José Jerí como presidente interino han provocado una profunda reacción de rechazo entre la ciudadanía y diversas organizaciones en Perú. A pocos meses de las elecciones generales previstas para abril de 2026, el país se adentra en una nueva etapa de inestabilidad marcada por denuncias de corrupción, inseguridad y desconfianza institucional.
Contexto político: del rechazo a Boluarte al ascenso de Jerí
Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Su mandato estuvo caracterizado desde el inicio por la falta de legitimidad, con más del 70% de la población oponiéndose a su liderazgo según los sondeos de la época. La represión de las protestas contra su gobierno dejó un saldo de 50 personas fallecidas y más de mil heridos, muchos de ellos transeúntes y menores de edad.
Durante su gestión, la alianza entre partidos como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso fue clave para sostener a Boluarte frente a siete intentos de destitución en el Congreso. Sin embargo, el cambio de escenario político y la proximidad de las elecciones llevaron a estos mismos partidos a respaldar la salida de Boluarte y a apoyar a José Jerí, miembro de una agrupación política minoritaria, como presidente interino.
Rechazo social e institucional a la designación de Jerí
La llegada de Jerí al poder no ha contado con el respaldo popular ni institucional. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han documentado retrocesos en la lucha contra la corrupción y la independencia de las instituciones peruanas desde 2023. Movimientos sociales, sindicatos y colectivos universitarios han llamado a nuevas movilizaciones para exigir una transición que no implique la continuidad del régimen actual.
El rechazo también se ha hecho evidente en las calles y en redes sociales tras la reciente ola de violencia ligada al crimen organizado. La orquesta de cumbia Aguamarina fue víctima de un ataque armado en Lima, dejando varios heridos, en un contexto donde músicos, transportistas y pequeños comerciantes han sufrido extorsiones y agresiones fatales en el último año.
Inseguridad ciudadana y crisis de gobernabilidad
La inseguridad es uno de los principales reclamos de la población. El Ministerio Público reportó que entre 2024 y 2025, al menos 50 transportistas han muerto a manos de extorsionadores. Las protestas y paros del sector transporte han sido reprimidos por la policía, acentuando la percepción de impunidad y desconexión por parte del Estado.
- Orquestas y artistas como Aguamarina y Armonía 10 han sido blanco de ataques y extorsiones.
- En Lima, transportistas han realizado paros y movilizaciones portando carteles y fotografías de colegas asesinados.
- El promedio de desaprobación ciudadana hacia el régimen supera el 95% en los últimos dos años.
Controversias y cuestionamientos a José Jerí
José Jerí, el nuevo presidente interino, enfrenta graves cuestionamientos. Ha sido denunciado por violación, aunque la causa fue archivada por el actual fiscal general interino, Tomás Gálvez, quien a su vez está implicado en investigaciones sobre una red de corrupción judicial conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. Además, Jerí está bajo investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y por solicitar un soborno de más de 37.800 euros a una empresaria.
Incluso sectores empresariales se han pronunciado en contra de su designación. Jorge Zapata, portavoz de la Confiep —la principal organización empresarial del país—, advirtió sobre la creciente inestabilidad y la falta de consenso político, subrayando que la decisión fue apresurada y sin garantías para el fortalecimiento institucional.
Reacciones políticas y sociales
La oposición al nombramiento de Jerí trasciende a la sociedad civil. La congresista Susel Paredes, una de las pocas legisladoras ajenas al régimen actual, alertó sobre el riesgo de que nada cambie sustancialmente, ya que Jerí responde a la misma coalición de partidos que ha gobernado desde 2022. Advirtió que los problemas de criminalidad y corrupción podrían persistir, y que el Ejecutivo podría limitarse a refrendar las decisiones del Congreso, sin ejercer un verdadero control político.
Por su parte, el exfiscal supremo y exministro del Interior, Avelino Guillén, consideró que la remoción de Boluarte responde a la presión social y al desgaste político, pero advirtió sobre una amenaza adicional: la legitimidad del proceso electoral de 2026. Guillén señaló que la actual coalición parlamentaria podría influir en la habilitación o inhabilitación de candidatos, afectando la transparencia y equidad de las próximas elecciones.
Perspectivas: movilizaciones y exigencias de cambio
Ante este escenario, colectivos universitarios, sindicatos y organizaciones sociales han convocado a una nueva marcha nacional para el miércoles 15 de octubre, exigiendo la elección de un presidente interino que no represente la continuidad del régimen actual. La demanda central es una transición que permita restaurar la confianza en las instituciones y separe al país de una coalición política ampliamente rechazada por la ciudadanía.
Perú atraviesa así una etapa crítica, con una ciudadanía movilizada que exige reformas profundas frente a un sistema político percibido como corrupto e ineficaz, en medio de una crisis de seguridad y legitimidad institucional.
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