Peromingo reconoce el carácter discriminatorio del protocolo de residencias y señala a Mur como responsable
El escándalo en torno a la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid ha dado un nuevo giro este martes. El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid había citado a declarar a tres ex altos cargos del Gobierno regional, investigados por la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a residentes, pero solo uno de ellos se ha presentado.
Ausencias notables y petición de búsqueda y captura
Carlos Mur, principal firmante del conocido como «protocolo de la vergüenza», y Pablo Busca, exresponsable del SUMMA 112, no comparecieron ante el tribunal. Según la información trasladada al juzgado, Mur no ha podido ser localizado pese a varios intentos, lo que ha llevado a la acusación a solicitar una orden de búsqueda y captura. La abogada Alejandra Jacinto ha declarado que Mur parece estar eludiendo a la Justicia.
En el caso de Pablo Busca, la abogada ha subrayado que resulta inexplicable que no haya sido localizado, considerando que actualmente trabaja para el Gobierno Vasco y su ubicación es conocida. Por ello, la acusación reiterará la petición de búsqueda y captura para ambos ex altos cargos.
- Carlos Mur: firmante del protocolo, no localizado.
- Pablo Busca: exSUMMA 112, tampoco localizado.
- Petición de búsqueda y captura para ambos ex altos cargos.
Peromingo admite la discriminación en los protocolos
Francisco Javier Martínez Peromingo, principal responsable técnico de los protocolos tras suceder a Mur en la Coordinación Sociosanitaria, sí acudió a declarar. Peromingo reconoció ante el tribunal que los protocolos elaborados durante la pandemia eran «discriminatorios», una advertencia que, según la abogada Jacinto, realizó por escrito y a través de diversos canales, incluyendo correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
Peromingo también admitió que muchas residencias no fueron medicalizadas porque no había recursos ni personal sanitario suficiente. Según su declaración, la dotación de medios era muy desigual entre los distintos centros, y la supuesta estrategia de medicalización nunca llegó a implementarse realmente, a pesar de que fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno regional para justificar su gestión.
La acusación considera que, pese a sus explicaciones, Peromingo desempeñó un papel esencial en la elaboración y redacción de los protocolos técnicos que posteriormente se aplicaron en las residencias.
Declaraciones del personal sanitario y testimonios familiares
En la jornada también declaró el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, quien aseguró no conocer los protocolos ni haber recibido instrucciones de la Consejería de Sanidad durante los meses críticos de la pandemia. Según la abogada Jacinto, el médico afirmó que solo aplicó protocolos clínicos habituales y reconoció que el padre de la familia denunciante no fue derivado al hospital, aunque no supo precisar el diagnóstico exacto en aquel momento.
Desde primera hora de la mañana, familiares de las víctimas se concentraron en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla. Vestidos con camisetas que mostraban la cifra 7.291 —el número de mayores a los que, según las asociaciones, se les negó atención sanitaria—, corearon consignas como «No son muertes, son asesinatos» y «Ayuso dimisión».
Ángela, hija de una de las residentes fallecidas, relató cómo le comunicaron que estaba prohibido trasladar a los mayores a hospitales. Vivió la agonía de su padre a través del teléfono y denunció que incluso intentaron cobrarle 6.000 euros por la incineración. «No sé tenían que morir ahogados y solos. Muchos se podrían haber salvado», lamentó.
Críticas a la dispersión judicial y temor a la prescripción
Las asociaciones de familiares, como 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias, denuncian la fragmentación judicial de las causas. María Jesús Valero, portavoz de la primera, reprocha que la dispersión entre distintos juzgados solo alarga el proceso y aumenta el riesgo de que los delitos prescriban. Carmen Ruíz, de Marea de Residencias, alerta de que esta situación genera resoluciones dispares y añade sufrimiento a las familias afectadas.
- Fragmentación de las causas entre varios juzgados.
- Riesgo de prescripción de los delitos.
- Revictimización de las familias.
Nuevas citaciones y múltiples procedimientos abiertos
La investigación no termina aquí. Este miércoles, los tres ex altos cargos volverán a ser citados, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, por otra querella presentada por la familia de una residente de Sanitas Torrelodones. En total, acumulan ya ocho procedimientos judiciales abiertos relacionados con la gestión de las residencias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid.
El caso sigue generando gran expectación y mantiene a cientos de familias en busca de justicia y reparación por lo sucedido en las residencias de mayores durante los meses más duros de la crisis sanitaria.
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