Las dudas razonables y los claroscuros en las declaraciones de los periodistas que buscan exonerar al fiscal general
La publicación de informaciones sobre el caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado rodeada de controversia, especialmente tras las declaraciones de los periodistas que aseguran haber accedido con antelación al correo filtrado clave en la investigación. Los testimonios ofrecidos por informadores de La Sexta, la Cadena Ser y eldiario.es han generado más interrogantes que certezas, en un contexto en el que el secreto profesional se enfrenta al deber de aportar pruebas concluyentes ante la justicia.
- Las dudas razonables y los claroscuros en las declaraciones de los periodistas que buscan exonerar al fiscal general
- El testimonio de José Manuel Precedo: dilemas y contradicciones
- La cronología de los hechos y las inconsistencias
- La publicación escalonada: ¿casualidad o estrategia?
- La versión de La Sexta: errores y falta de precisión
- La narración de la Cadena Ser: acceso indirecto y reticencias
- El secreto profesional y los límites legales
- Conclusión: más preguntas que respuestas
El testimonio de José Manuel Precedo: dilemas y contradicciones
José Manuel Precedo, periodista de eldiario.es, compareció el pasado miércoles ante el Tribunal Supremo como testigo en el juicio por revelación de secretos contra el fiscal general. Precedo defendió que conoce la identidad de la fuente, pero se negó a revelarla por motivos de secreto profesional, señalando que la deontología periodística le impide desvelar información que podría exonerar a un inocente.
Sin embargo, la relevancia del secreto profesional ha sido puesta en entredicho en este proceso. Como han señalado diversos analistas, los jueces no están obligados a creer a los periodistas si estos no presentan pruebas que respalden su versión de los hechos. En este caso, además, existen elementos que permiten poner en duda la coherencia del testimonio ofrecido.
La cronología de los hechos y las inconsistencias
Según Precedo, el 6 de marzo de 2024 recibió tres documentos: un informe de la Agencia Tributaria, la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) y el polémico correo del 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador propone un acuerdo con la Fiscalía admitiendo dos delitos fiscales.
Durante su declaración, Precedo afirmó que el correo le llegó en formato impreso, mientras que sobre la obtención de los otros documentos optó por el silencio, amparándose en el secreto profesional. Llama la atención que, en sus comunicaciones previas con el gabinete de la presidenta madrileña, el periodista no hiciera ninguna pregunta relacionada con el citado correo, a pesar de que supuestamente ya disponía de él.
Precedo justificó este hecho alegando que no querían dar pistas sobre futuras publicaciones a las fuentes implicadas. No obstante, sorprende que, pese a disponer del correo con antelación, eldiario.es no fue el primer medio en publicar la información; La Sexta y la Cadena Ser se adelantaron, y eldiario.es solo publicó su noticia tras la aparición de informaciones en otros medios y la confirmación de que el fiscal general había recibido el correo.
La publicación escalonada: ¿casualidad o estrategia?
En la noche del 13 de marzo, La Sexta publica la noticia a las 22:10; la Cadena Ser la difunde en su web a las 23:51, mientras que eldiario.es lo hace pasada la 1 de la madrugada, citando a la Cadena Ser. Precedo explicó que la publicación se retrasó por dudas surgidas tras la aparición de otras informaciones y hasta tener certeza de que el correo en su poder era el original.
No fue hasta el mediodía del 14 de marzo cuando eldiario.es publica el pantallazo del correo, argumentando que la fuente no había autorizado su difusión hasta que otros medios lo hicieron. El origen de la filtración del correo, además, apunta a un envío a la cuenta personal de Gmail del fiscal general desde una dirección oficial de la jefatura provincial de Madrid.
La versión de La Sexta: errores y falta de precisión
Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta, declaró haber accedido al contenido del correo filtrado gracias a tres fuentes distintas, aunque evitó precisar detalles clave sobre cuándo y cómo obtuvo la información. La Sexta tampoco publicó la noticia hasta después de que el fiscal general recibiera el correo, y la información contenía errores significativos: se afirmaba que el abogado de González Amador reconocía tres delitos, cuando en realidad solo admitía dos delitos fiscales, tal como constaba en el correo original.
Pérez Medina intentó demostrar su acceso anticipado a la información mostrando mensajes de un chat interno de WhatsApp, pero estos mensajes también contenían los mismos errores y tampoco reproducían la frase clave del correo. No fue hasta la madrugada cuando el periodista publicó fragmentos literales en redes sociales.
La narración de la Cadena Ser: acceso indirecto y reticencias
Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, aseguró haber accedido al correo la tarde del 13 de marzo, tras una jornada de frenéticas gestiones con múltiples contactos. Finalmente, una fuente le permitió ver el correo en un ordenador, pero sin proporcionarle copia alguna, y le pidió posteriormente discreción absoluta.
Campos no pudo verificar el contenido del correo con otras fuentes y solo tras la publicación de la noticia en El Mundo y la insistencia con su contacto logró autorización para divulgar la información. La Cadena Ser aportó además un dato novedoso al informar, antes que nadie, de que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado de desmentido, información que luego fue desmentida por la propia Fiscalía.
El secreto profesional y los límites legales
Las versiones ofrecidas por los tres periodistas presentan numerosas lagunas y carecen de pruebas materiales que respalden sus afirmaciones. Todos se amparan en el secreto profesional, pero la única certeza es que ninguna de las informaciones fue publicada hasta que el fiscal general ya disponía del correo filtrado.
Cabe preguntarse, en este contexto, hasta dónde llega la protección del secreto profesional. Fuentes jurídicas consultadas sostienen que, ante el riesgo de condenar a un inocente, debe prevalecer la necesidad de evitar un fallo judicial erróneo sobre la protección de las fuentes periodísticas. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios, de aplicación directa en los Estados miembros de la UE, contempla la posibilidad de obligar a los medios o a su personal editorial a revelar información sobre sus fuentes cuando así lo autorice una autoridad judicial o decisoria independiente, especialmente en casos excepcionales y urgentes.
Conclusión: más preguntas que respuestas
La gestión informativa del caso revela falta de transparencia y coordinación entre los principales medios implicados. Las contradicciones y vacíos en los testimonios de los periodistas, sumados a la ausencia de pruebas fehacientes, refuerzan la percepción de que la verdad sobre la filtración sigue sin esclarecerse. Mientras tanto, el debate sobre los límites del secreto profesional y la responsabilidad de los informadores ante la justicia continúa abierto, en un entorno mediático cada vez más exigente y bajo el escrutinio público.
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