La pareja de Ayuso solicita la expulsión del ex fiscal general tras su condena por revelación de secretos
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado formalmente la expulsión de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, de la carrera fiscal. Esta petición surge tras la reciente condena de García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de datos reservados sobre una investigación por fraude fiscal en la que estaba implicado González Amador.
Solicitud de anulación del reingreso y derecho a formular alegaciones
La representación legal de González Amador ha presentado un recurso en el que pide la anulación del decreto emitido el 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Dicho decreto permitía el reingreso de García Ortiz en la carrera fiscal, concretamente en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, tras recibir el visto bueno de la Inspección Fiscal.
En su escrito, González Amador solicita que se le permita formular alegaciones, argumentando que es «víctima de los hechos protagonizados» por García Ortiz y que, por tanto, tiene un «interés legítimo» en la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Condena y consecuencias jurídicas
El Tribunal Supremo condenó en noviembre a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general del Estado, tras considerar probado que reveló información confidencial de la investigación a González Amador. No obstante, la sentencia no se pronunció sobre su continuidad en la carrera fiscal, limitándose a la imposición de la inhabilitación específica para el cargo que ostentaba.
Posteriormente, la Inspección Fiscal evaluó el caso y autorizó el reingreso de García Ortiz al considerar que la condena se limitaba exclusivamente al cargo de fiscal general, sin afectar a su condición de fiscal de carrera ni al ejercicio de otras funciones dentro del Ministerio Público.
Argumentos para la expulsión definitiva
En su recurso, González Amador plantea de forma subsidiaria que, si no se le permite formular alegaciones, se declare la «incapacidad» de García Ortiz para desempeñar funciones fiscales, dado que ha sido condenado por un delito doloso con una pena superior a seis meses. Según el empresario, tanto el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como su Reglamento establecen que una condena de estas características conlleva la pérdida de la condición de fiscal.
- El artículo 35 del Reglamento del Ministerio Fiscal dispone que la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determina la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria adquiera firmeza.
- Para la rehabilitación en la carrera fiscal, es imprescindible acreditar que se ha extinguido la responsabilidad penal y civil y que se han cancelado los antecedentes penales, condición que, según González Amador, García Ortiz no cumpliría hasta el año 2029.
Repercusiones y próximos pasos
La petición de González Amador abre un debate jurídico sobre los efectos de la condena sobre la continuidad de García Ortiz en la carrera fiscal. Fuentes fiscales han señalado que la sentencia del Supremo fue clara al limitar la inhabilitación al cargo de fiscal general, sin pronunciarse sobre su posible expulsión definitiva, lo que deja la resolución del caso en manos de la Fiscalía y de posibles recursos futuros.
La resolución definitiva sobre la situación de García Ortiz podría sentar un precedente para casos similares en el ámbito de la función pública, especialmente en lo referente a la compatibilidad entre condenas penales y la permanencia en órganos del Estado con funciones jurisdiccionales o de fiscalización.
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