De la revolución al autoritarismo: Ortega consolida su control en Nicaragua eliminando las elecciones
La transformación política de Nicaragua ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la reciente reforma constitucional de 2025, que ha reforzado el poder del Ejecutivo, legalizado prácticas represivas y consolidado la exclusión de la oposición. Este giro autoritario, encabezado por Daniel Ortega, ha generado una ola de reacciones internacionales y reconfigurado el panorama político e institucional del país.
El fin de la era electoral
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, Daniel Ortega, histórico líder sandinista, anunció públicamente la eliminación de las elecciones como mecanismo de alternancia en el poder. «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», declaró Ortega, anticipando la creación de un «muro» legal contra quienes considera «golpistas» y «vendepatrias».
Aunque el discurso fue matizado posteriormente por funcionarios del gobierno, incluyendo a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, el mensaje central permanece: el régimen se blindará frente a la injerencia extranjera y la oposición interna, prometiendo procesos «soberanos» que, según sus palabras, no estarán «al gusto de las potencias».
Repercusiones internacionales
El anuncio fue recibido con preocupación por la comunidad internacional. En cuestión de días, ocho gobiernos del continente y varios organismos multilaterales condenaron la medida. Estados Unidos, en voz del senador Marco Rubio, calificó al régimen de «autoritario» y pidió su aislamiento diplomático. Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Chile y Brasil también expresaron su rechazo, mientras que Panamá fue más allá y retiró a su embajador.
Una reforma constitucional a medida
La eliminación de las elecciones es la culminación de un proceso de reformas institucionales profundas. La Constitución, modificada en febrero de 2025, alteró 148 de sus 198 artículos y derogó otros 37, incluyendo la prohibición de la tortura. El nuevo texto refuerza el poder presidencial, amplía el mandato de cinco a seis años y posterga las elecciones originalmente previstas para 2026 hasta 2027.
- Los poderes del Estado quedan subordinados al Ejecutivo.
- Se incorpora la bandera rojinegra del Frente Sandinista a los símbolos nacionales.
- Se crea la figura de la copresidencia, asegurando la continuidad del poder en manos del núcleo familiar Ortega-Murillo.
- El Ejército queda definido como la única fuerza armada, subordinada al presidente y habilitada para intervenir junto a la Policía.
- Nacen las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «Policía Voluntaria», cuerpos afines al oficialismo.
La reforma también legaliza la apatridia, tras la expulsión y despojo de nacionalidad de cientos de opositores y críticos, incluyendo figuras históricas del sandinismo.
Represión y exilio de la oposición
La estrategia del régimen se ha apoyado en la desarticulación total de la oposición. En las elecciones de 2021, siete aspirantes presidenciales fueron encarcelados y tres partidos políticos ilegalizados. En febrero de 2023, el gobierno liberó a 222 presos políticos, expulsándolos inmediatamente a Estados Unidos y despojándolos de su nacionalidad y bienes. La misma fórmula se aplicó poco después a otros 94 ciudadanos destacados, entre ellos escritores, líderes religiosos y antiguos colaboradores del sandinismo. Según Naciones Unidas, ya son al menos 452 los nicaragüenses desnacionalizados.
Entre los desterrados se encuentran históricos dirigentes revolucionarios, como Julio García Guevara, quien denunció públicamente la traición a los ideales originales del sandinismo. La purga ha alcanzado incluso a figuras clave del movimiento, como la ex presidenta Violeta Chamorro, fallecida en el exilio, y el comandante Bayardo Arce, detenido en 2025.
Consolidación familiar y transición en el poder
El círculo de poder en Nicaragua se ha reducido drásticamente, según expertos como el politólogo Manuel Orozco, pasando de más de 300 figuras a menos de 50, muchas de ellas vinculadas directamente a la familia Ortega-Murillo. Ocho de los nueve hijos del matrimonio ocupan cargos en el aparato estatal, mientras que seis de ellos están sancionados por Estados Unidos. Destaca la figura de Laureano Ortega Murillo, actual canciller de facto y encargado de las relaciones con China, Rusia e Irán, señalado como posible sucesor aunque, según los analistas, reticente a asumir el liderazgo formal.
El deterioro de la salud de Ortega, que cumplió 80 años en noviembre, ha incrementado el protagonismo de Rosario Murillo, considerada la verdadera administradora del poder y principal responsable de las recientes purgas.
Un horizonte incierto
La reforma constitucional y la eliminación de las elecciones abren una nueva etapa en Nicaragua, marcada por el reforzamiento del control familiar sobre el Estado, la represión de cualquier disidencia y el aislamiento internacional. El país, que alguna vez inspiró a sectores progresistas en todo el mundo, enfrenta ahora un futuro incierto bajo un régimen cada vez más hermético y autoritario.
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