Once militares condenados en Ecuador por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil
Un tribunal de Ecuador ha sentenciado a 11 militares a más de 34 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro niños ocurrida en diciembre de 2024, durante una operación militar contra el crimen organizado en la ciudad de Guayaquil. El caso ha generado gran conmoción y reabre el debate sobre el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en el país.
Desaparición durante una patrulla nocturna
Los hechos se remontan a una de las jornadas de patrullaje militar implementadas tras los múltiples estados de emergencia decretados por el presidente Daniel Noboa. Los menores, de entre 11 y 15 años y residentes del barrio Las Malvinas, fueron detenidos por soldados en una patrulla nocturna. Según la investigación, los uniformados golpearon a los niños, los obligaron a desnudarse y posteriormente los abandonaron en Taura, una zona rural a unos 30 kilómetros de Guayaquil conocida por su peligrosidad.
Familiares relataron que uno de los niños logró llamar a su padre desde Taura, pero cuando este llegó a buscarlos ya no los encontró. Días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados en la misma zona, identificados como los de los menores desaparecidos.
Sentencia y reacciones
El tribunal condenó a 11 de los 17 militares acusados a penas superiores a 34 años de prisión. Además, cinco soldados que colaboraron con la Fiscalía recibieron sentencias reducidas de dos años y medio, mientras que un teniente coronel fue absuelto de los cargos de complicidad. El fallo aún puede ser apelado por las partes involucradas.
Durante la lectura de la sentencia, el juez Jovanny Suárez detalló que la patrulla militar abandonó a los menores en un sector «desolado, incomunicado y abandonado». Las autopsias practicadas revelaron que las víctimas sufrieron lesiones y golpes antes de ser ejecutadas.
El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado oficial, expresó su respeto a la ley y a la sentencia emitida, asegurando además que ha colaborado en todo el proceso judicial.
Investigaciones en curso y contexto de violencia
La Fiscalía mantiene abierta una segunda investigación, esta vez por el presunto asesinato de los menores. Además, recientemente se informó que otros seis militares están siendo procesados por su supuesta participación en una ejecución extrajudicial ocurrida durante un operativo antidrogas en la provincia de Santa Elena.
El caso ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Ecuador, donde Guayaquil se ha consolidado como una de las ciudades más violentas del país. La ofensiva militar impulsada por el Ejecutivo busca contrarrestar el poder del crimen organizado, aunque organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de abusos y excesos en la actuación de las fuerzas armadas.
Reacciones de familiares y defensa
Familiares de las víctimas manifestaron su dolor y exigieron justicia completa. “Fueron a jugar, ya estaban de regreso, estuvieron en el lugar equivocado”, declaró Antonio Arroyo, tío de dos de los menores, antes de conocerse la sentencia. Los abogados defensores alegan falta de pruebas contundentes y aseguran que los militares dejaron a los jóvenes con vida en Taura, atribuyendo los hechos a la ausencia de preparación para misiones de seguridad ciudadana.
Implicaciones y próximos pasos
- El fallo marca un precedente en la judicialización de crímenes cometidos por fuerzas de seguridad en Ecuador.
- El proceso puede ser apelado, por lo que se esperan nuevos desarrollos judiciales.
- La investigación por asesinato aún está en curso, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.
- El caso refuerza el debate sobre la idoneidad del despliegue militar en tareas de orden público.
La sociedad ecuatoriana sigue atenta a la evolución del caso y a las respuestas institucionales frente a la violencia y el respeto a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
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